“Como una muestra más del desprecio a los derechos de los trabajadores, se modifica, la base de cálculo del ingreso base de la Ley de Riesgos del Trabajo N°24557 modificada por la Ley N°27348, desligando el cobro de las indemnizaciones del índice de variación salarial y tomando el índice Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), ostensiblemente más bajo”, indicó el documento difundido, que lleva la firma de y Juan Carlos Schmid (Portuarios) y el Secretario de Prensa Juan Pablo Brey (Aeronavegantes)

La CATT argumentó que “la gravedad de la situación se torna aún más sorprendente cuando se emite un Decreto en acuerdo general de Ministros estando el Parlamento de la Nación en funcionamiento y pudiendo haber sido elevado mediante un proyecto de ley”.

“El Decreto citado cuya inconstitucionalidad resulta evidente establece el principio de retroactividad, esto es la aplicación de esta fórmula menguada o peyorativa para los accidentes de trabajo a aquellos accidentes o expedientes que se encuentra en trámite”, indicaron.

Schmid y Brey pidieron que se “recuerde que como lo señala la propia norma en sus considerandos de lo que se trata es de bajar los costos de las compañías aseguradoras, empresas que no pueden tomarse como parte de un sistema de seguridad social ya que desde el punto de vista del Decreto se encuentran pagando prestaciones más allá de las posibilidades del sistema de seguro obligatorio implantado en 1996”.

Esta Confederación subrayó que “el Gobierno Nacional no ha cumplido con la promesa asumida al tiempo de la sanción de la Ley N°27348, al comprometerse en el mes de febrero de 2017 a sancionar la verdadera ley que estamos necesitando que es la ley de prevención de riesgos laborales”.

“Una vez más, en medio de un proceso de desprotección del trabajo, aumento de la pobreza, informalidad y desempleo se pierde como norte la centralidad del hombre que trabaja”, denunció la cúpula transportista.La CATT finalmente sostuvo: “Necesitamos una reforma de fondo que ponga por delante la vida, la integridad física, la protección del medioambiente donde lo principal sea erradicar el riesgo en su origen, luego prevenir y en tercer lugar, en caso de no ser posible, darle al trabajador siniestrado y a sus familias la reparación integral que se merecen como consecuencia de la tragedia que han padecido”.