Como resultado del encuentro, los dirigentes emitieron un documento, en el que conjuntamente señalaron: “Desde el inicio mismo del Gobierno que asumiera el 10 de diciembre de 2023, se vienen implementando normativas que cercenan y limitan los derechos, de reunión, de protesta, de huelga y la libertad sindical. La estigmatización de dirigentes y la persecución económica y penal al ejercicio de los derechos esenciales ha tenido episodios permanentes, conjuntamente con el despliegue de una política que reprime cualquier expresión de la protesta social”, y agregaron: “prueba de ello es la presencia de personal militar en los aeropuertos y el DNU 70/23, que ha pretendido regular la Huelga de manera restrictiva violentando los principios generales, receptados en nuestra Constitución e incorporados al Derecho Internacional que sostiene la OIT”.

En esa misma línea, afirmaron que “el dictado de la resolución del Ministerio de Seguridad 943/23 denominado Protocolo antipiquetes, criminaliza la acción sindical y social, vulnerando el derecho a la protesta haciéndola de imposible cumplimiento”, y denunciaron que “del mismo modo con motivo de las movilizaciones contra el DNU y la instrumentación de Recursos Judiciales por parte de la CGT se procedió a intimar por multa millonarias, por supuestos incumplimientos al protocolo, a numerosas organizaciones sindicales, algunas integrantes de la CATT, cargando a las mismas con los supuestos costos de seguridad de los irracionales operativos montados”.

Por otro lado, los dirigentes remarcaron que “las Resoluciones del Ministerio de Seguridad 901/24, 499/24 y 893/24 instrumentan un esquema persecutorio, a través de la incorporación del concepto de Seguridad Productiva, que otorga a las Fuerzas Federales facultades extraordinarias para levantar manifestaciones, cuidar y garantizar el transporte de mercaderías armando un verdadero grupo de tareas antisindicales, que lleva el pomposo nombre de Comando Unificado de Seguridad Productiva”.

Por último, en el documento expresaron que “con estas señales, la denominada Ley Bases, 27742, y la represión de las manifestaciones en plaza de Congreso el 12 de junio de 2024 se ejerce una política general de criminalización del conflicto laboral, con permanentes denuncias antes los fueros federales, la estigmatización y persecución de los dirigentes, que encabezaban los conflictos, como en el caso Aerolíneas Argentinas” y concluyeron que “la instrumentación del disciplinamiento que representa la modificación, el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, en materia de despido, deja la puerta abierta para despedir por huelga o protesta, y son cuestiones, que han colocado a Argentina, por fuera de los consensos básicos en materia de Derecho Humanos y Sociales”.