A partir de denuncias realizadas por los concejales municipales Abelardo Losano y Laura Sesma, la Justicia Federal incorporó a la causa en contra de los dirigentes del SURRBAC la investigación por presunto lavado de dinero en la licitación del servicio de recolección de basura. Esta investigación puede comprometer a las empresas prestatarias y a los funcionarios municipales involucrados.
Una nueva denuncia se suma a la causa contra el SURRBAC, quienes ya están siendo investigados por la Justicia Federal, mientras sus líderes, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, permanecen detenidos en el penal de Bower desde hace casi un mes.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Provincial por los concejales municipales Laura Sesma y Abelardo Losano, pero el fiscal Raúl Garzón la derivó a la Justicia Federal por considerarla un delito complejo.
Verificamos que había sobrecostos en la prestación del servicio de la basura", aseguró Abelardo Losano, uno de los concejales que radicaron la nueva denuncia, "Nos reunimos con la intendenta de Rosario, con los encargados de la recolección de residuos del gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y de todo ese análisis surgía que acá en Córdoba se pagaban costos que eran desmedidos para la calidad del servicio."
Ahora, el Fiscal Federal Bustos Fierro investigará también los procesos de licitación por los cuales las empresas obtuvieron la prestación del servicio, y por lo tanto, el proceso por el cual tales empresas se conformaron.
Una de ellas es el ESOP, polémico organismo autárquico a cargo del barrido y limpieza de las calles, que según Losano, se creó para absorber a los miembros del Surrbac que no fueron contratados por las nuevas empresas de recolección de la ciudad.
De 1180 personas que debían concurrir a trabajar, no lo hacían más de 700", dijo Losano sobre el ESOP, y sumó que "era un descontrol absoluto en cuanto a las tareas que debían realizar".
El concejal aseguró que pretenden que se investigue tanto a los dirigentes sindicales del Surrbac como a las empresas prestatarias y a los funcionarios municipales involucrados en el proceso de licitación.
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