Antonena explicó que "teníamos previsto depositar este viernes para que esté acreditado el sábado, pero pudimos adelantarlo un día y depositaremos este jueves para que mañana (por hoy) los del último rango, en el que están quienes perciben más de 150 mil pesos, tengan acreditado en sus cuentas-sueldo el salario de octubre".

En este último rango se encuentran comprendidos funcionarios judiciales, diputados provinciales, personal jerárquico de organismos descentralizados y empleados de la Legislatura. 

Desde mediados de año el estado provincial viene abonando los sueldos de manera escalonada, primero lo hizo en dos cuotas, luego en 3, y desde hace dos meses comenzó a liquidar en 4: los que perciben menos de 40.000, los que cobran entre 40.001 y 65.000, entre 65.001 y 150.000 para el tercer rango y más de 150.000 para el último.

En diálogo con Télam, Antonena reconoció que "no puedo dar certeza de cuándo podremos terminar con esta metodología que obedece a la caída de recursos y al aumento de los gastos".

El ministro admitió que "el déficit de caja mensual ronda los 1.000 millones de pesos, lo que se cubre con endeudamiento porque no hay otra manera hasta que no se logre un contexto económico en lo macro, es decir a nivel nacional, que mejore estas condiciones".

La última remesa obtenida para cubrir los gastos operativos provino del Estado nacional a través del Fondo Fiduciario para las Provincias, que colocó 1.800 millones que serán descontados luego de los recursos coparticipables aunque en cómodas cuotas.

Consultado sobre el pago del medio aguinaldo que debería depositarse sobre mediados de diciembre el ministro de economía respondió con una pregunta: "¿Cómo puedo responder eso si estoy terminando de pagar el mes de octubre?".

Los gremios estatales anuncian por separado distintas acciones como el caso de los judiciales que recurrirán a la vía legal para que los sueldos se paguen en tiempo y forma apelando "de ser necesario" al bloqueo de las cuentas oficiales, según advirtieron a través de un comunicado.

Los docentes volvieron a las aulas hace dos semanas tras 17 días de paro luego de obtener el compromiso de que no se les descuente los días de huelga, pero también anunciaron que "si no se regulariza la situación está en riesgo el inicio del ciclo lectivo del año próximo".

En el mismo camino están los empleados legislativos, cuyos taquígrafos, por ejemplo, impidieron que se realice la última sesión al no brindar el servicio por el retraso salarial.