Por Luis Autalan

El devenir de los sueldos y su discusión en el segmento del trabajo registrado está cruzado por el tope de mejora del 2% para octubre. Del mismo fueron notificados varios gremios desde el Gobierno, so pena de no homologar acuerdos que superen ese porcentaje, y hay más de un tópico vinculante con el veto dispuesto para el proyecto de movilidad jubilatoria, bajo consideración de que la misma busca "el estallido del programa económico".

Las paritarias y mejoras a jubilados contrastan con el ajuste y licuación definidos desde diciembre. Sin hacer mención a la pérdida poder adquisitivo de los salarios, un fenómeno que venía de arrastre pero con algunas medidas analgésicas del gobierno anterior, Javier Milei le dijo a Radio Mitre que “los salarios ya llevan varios meses ganando de modo sistemático a la inflación”. La contracara al optimismo presidencial se aprecia en la visión de la CTA Autónoma, allí el investigador del Instituto de Estudios y Formación Luis Campos consideró “todavía faltan algunos acuerdos, pero los aumentos cerrados para agosto, a menos que baje la inflación, demuestran que la recuperación del salario real estaría llegando al límite”.

Para las mejoras del corriente mes el analista se remitió desde el 2,8% suscrito por los trabajadores de estaciones de servicio a otros guarismos más consistentes como entidades civiles y deportivas (Utedyc) 5,4%, Sanidad y Camioneros con el 4,5% o el 4,2% de la industria del cuero, entre otros.

Desde la mensura sindical en la negociación colectiva, es un clásico que los empleadores “juegan a primero yo y después también yo”, sea cual fuere el color político del gobierno.

“Las paritarias son libres y cualquier tope a las mismas es anticonstitucional. Si en este caso el Gobierno lo que está efectuando es una advertencia a los sindicatos el marco legal que nos permite accionar en contra de los topes manifestados en virtud de una pauta salarial”, le dijo a BAE Negocios el abogado laboralista Héctor Recalde.

A fines de febrero el “techo paritario” tuvo su primera expresión en la era Milei, entre otras reacciones hubo un paro nacional de los docentes, los maquinistas ferroviarios de La Fraternidad batallaron por su mejora, se destacó la negociación en punto muerto de los aeronáuticos -luego de un previo acuerdo de palabra- y la decisión oficial para no homologar el pacto de los Camioneros.

Los representados por Hugo y Pablo Moyano habían firmado con las cámaras un 45% bimestral, desglosado en un 25% para marzo y un 20% para abril.

En virtud de ese pasado reciente y lo que vendrá a corto plazo otros analistas estiman que la decisión del gobierno para no homologar paritarias con aumentos superiores al 2% es un congelamiento salarial, “como el realizado por el menemismo en la convertibilidad a través del Decreto 1334/91 y la no convocatoria del Consejo del Salario”, sostuvo el abogado laboralista y asesor del ministerio de Trabajo de la Provincia Luis Roa.

Para el letrado se está vaciando la negociación colectiva y se unilateraliza la discusión salarial. Como ejemplos acota “la destrucción de la paritaria nacional docente, lo mismo que el Gobierno hace con los universitarios y el resto de los estatales. Sin lugar a casualidades, se desnaturaliza el Consejo del Salario decidiendo por decreto y fijando un haber mínimo que ronda la indigencia”.

Para el abogado se plasma también la licuación sobre las remuneraciones a través de la inflación de servicios y bienes. “Ese 2% de tope se lo come el 'crawling peg' aplicado por el Banco Central con sus ajustes del tipo de cambio del 2% mensual, con lo que este techo va por debajo de la recomposición del salario. Ya sabemos quien sostiene el sacro equilibrio fiscal: los trabajadores y los jubilados con sus salarios”.

Roa completó su análisis apelando a la ironía, “el Gobierno de la libertad de contratación le pone un cepo a las paritarias: al parecer los únicos que no son libres son los trabajadores porque las paritarias tienen techo”.

Para completar el prisma está también la convocatoria del Foro de Economia y Trabajo (FeyT) que desde su reunión en la Facultad de Ciencias Económicas UBA) remarcó el contexto social. Allí propició la urgente declaración de la emergencia alimentaria “en un contexto social con 55% de la población bajo la línea de pobreza, más del 20% en la indigencia y con 7 de cada 10 chicos menores de 14 años que viven la línea de pobreza”.

Además consideraron imprescindible la recuperación de salarios, jubilaciones, programas sociales; el desacople de precios de los bienes exportables en relación al mercado interno, la regulación de los precios de los insumos difundidos, entre otros ítems.

Vale acotar que teniendo en cuenta los márgenes de la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras registrados, existen aquellos que deben negociar mejoras comprimidos por la potencia de la pérdida de puestos de labor o suspensiones, de allí que la consideración de “cielorraso paritario” en virtud de no aproximarse siquiera al tope dispuesto, es parte de la realidad.