El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), liderado por José Luis Lingeri, ha denunciado que esta disolución no solo pone en riesgo la continuidad de proyectos en marcha, sino que también amenaza los avances en salud pública y desarrollo social logrados hasta ahora. "El acceso al agua segura y a un adecuado sistema de saneamiento es fundamental para prevenir enfermedades y garantizar una mejor calidad de vida, especialmente en comunidades marginadas", subrayó el sindicato.

Con 61 años de trayectoria, el ENOHSA ha sido una herramienta vital para llevar agua potable y saneamiento a las regiones más vulnerables del país, donde la inversión privada suele ser escasa. Gracias a su gestión, se han ejecutado obras cruciales, particularmente en zonas rurales y provincias con menores niveles de acceso a estos servicios. Actualmente, el 80% de la población argentina tiene acceso a agua potable y alrededor del 60% cuenta con sistemas de cloacas, cifras que varían considerablemente entre regiones.

El cierre del ENOHSA también significará la pérdida de cientos de puestos de trabajo especializados. El organismo cuenta con 230 trabajadores altamente capacitados, cuya experiencia ha sido fundamental para la planificación y ejecución de obras de saneamiento. Desde la llegada de la nueva gestión, el personal del ENOHSA ya ha sufrido un recorte del 35%, debilitando su capacidad operativa.

Lingeri expresó su profunda preocupación, afirmando que cerrar el ENOHSA es un "golpe brutal" no solo para los trabajadores sanitaristas, sino para todos los argentinos sin acceso a agua potable y saneamiento. "Esto significa desmantelar un organismo que ha garantizado un derecho fundamental. Estamos hablando de salud pública y dignidad. Las consecuencias serán gravísimas, sobre todo para los sectores más postergados", advirtió.

Además de ejecutar y supervisar obras, el ENOHSA ofrece asistencia técnica a gobiernos locales, asegurando la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo. Su cierre representa un ataque directo a las comunidades que más necesitan estos servicios, aumentando la vulnerabilidad de miles de familias que podrían ver comprometido su acceso a agua potable y a instalaciones sanitarias básicas.

La decisión del gobierno genera un fuerte rechazo en el ámbito sindical y en la sociedad civil, que teme por el futuro de la salud pública y el bienestar de los argentinos más vulnerables. La situación demanda un debate urgente sobre el rumbo de las políticas públicas y la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la población.