Diego Lanese.

Con el argumento de “desindexar la economía”, el gobierno nacional viene trabajando para que este año las paritarias que se firmen sean sin las famosas cláusulas gatillo, que otorgan aumentos de acuerdo a la inflación. Las mismas comenzaron a usarse a partir de 2012, y se popularizaron durante el gobierno de Mauricio Macri, al punto que algunos convenios lograron que la revisión seca casi mensual. De esta forma, aseguran los que defienden este instrumento, los trabajadores se blindan contra el aumento de precios, y tratan de evitar perder poder adquisitivo.

Pero desde la Casa rosada insisten que el mecanismo no ayuda a mejorar la situación, por lo cual en las primeras charlas con los gremios deslizaron esta idea. Incluso el presidente Alberto Fernández sostuvo que el objetivo para este año es “lograr acuerdos en paritarias libres, sin las cláusulas”.

Este cambio puede volverse el primer foco de conflicto en la relación con los sindicatos, que en general piensan que es necesario mantener este mecanismo para evitar seguir perdiendo en la carrera inflacionaria.

Algunos dirigentes piensan en un aumento de emergencia, como primera instancia, que beneficie a los que más perdieron, para alcanzar subas superiores al IPC. El cambio de modalidad está pensado también para las paritarias estatales, donde se notan más las pérdidas. Incluso muchas provincias desactivaron cláusulas ya firmadas, lo que fue rechazado por los gremios. Un estudio busca determinar la efectividad de las revisiones.

Las palabras del presidente Fernández pusieron presión en el sector sindical, en especial entre aquellas organizaciones que son parte de la CGT, que se mostró aliada de la actual gestión. La dirigencia analiza en silencio la posibilidad, buscando una alternativa a esta dualidad cláusulas de revisión-sumas fijas.

En la CTA de los Trabajadores piensan que una alternativa es un “incremento salarial de emergencia”. “Tendría que haber un aumento de emergencia en porcentaje, pero con un piso de suma fija para que mejore más a lo más postergados y los que estén por arriba del piso les mejore el porcentaje general que se aplique”, propuso Pedro Wasiejko,

En diálogo con Gestión Sindical, el secretario Adjunto de la central obrera remarcó que “no hablaría de cláusulas gatillo, pero sí que el salario debe quedar protegido de la inflación real y tener incrementos reales por sobre la inflación”. Además, Wasiejko propone otra forma de proteger el salario de los trabajadores: la participación en las ganancias extraordinarias.

“Los sueldos se pueden complementar con participación a las ganancias hacia fin de año, para empresas que tengan ganancias netas por arriba del 6 por ciento”, dijo el dirigente. La idea es “partir el 50 por ciento de lo que supere el 6 por ciento, eso inyectaría mucho de la renta de las grandes empresas”. Cuando Wasiejko fue secretario general del gremio del neumático SUTNA se implementó este reparto de ganancias en varias empresas del sector.

La idea de eliminar las cláusulas gatillo incluye a los trabajadores del Estado, que según los datos fueron los que más perdieron durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. En este sentido, el último informe de la comisión interna de ATE-INDEC aseguró que entre noviembre del 2015 y el mismo mes del 2019 un empleado de la administración pública nacional perdió un 36,1 por ciento de su salario, una pérdida que para compensarla requiere un bono de 300 mil pesos.

“El tema que no haya cláusula gatillo en los acuerdos salariales de este año hay que verlo sector por sector, y qué tipo de recomposición se va a dar”, explicó Marcelo Belelli, coordinador de ATE-ANAC.

Ante la consulta de Gestión Sindical, el dirigente explicó que “en caso de los empleados públicos perdimos mucho salario, si no hay cláusula de revisión debe haber una compensación mínimamente acorde a lo que retrocedimos en la paritaria del año pasado”. En el Estado nacional, existe un problema fundamental que dificulta la negociación, que tiene que ver con la compulsa entre ATE y UPCN, que deben definir quién tiene más afiliados antes de negociar.

“Si no hay revisión o algo por el estilo, la inflación puede ponernos en una situación complicada, más que nada en los sectores que venimos perdiendo mucho salario como los estatales”, admitió Belelli.

En las provincias, buscan alinearse rápidamente con Nación para dar de baja las revisiones salariales con sus empleados, e incluso algunos desconocen las ya firmadas que deben ejecutarse este año, como pasa en Tucumán, donde el gobernador Juan Manzur anunció que no ejecutará la última del acuerdo 2019.

A este se le sumaron Juan Schiaretti en Córdoba y Omar Perotti en Santa Fe, este último además anunciando un pago de salarios escalonado, lo que le valió la primera protesta del año de todos los gremios estatales.

Además, en Mendoza Rodolfo Suárez está cerca de suspender la revisión. En tanto, en las primeras negociaciones del año, la idea del oficialismo es bien vista por los mandatarios provinciales, que busca de alguna manera un gesto de apoyo al presidente Fernández.

En Buenos Aires, todavía no hubo una paritaria abierta oficialmente, pero los funcionarios de Axel Kicillof se reunieron con los estatales, y adelantaron que aún no está definida la política salarial, la cual dependerá del Ministerio de Economía. Pero los gremios bonaerenses ya adelantaron que será difícil que acepten a menos que no se garantice recuperar lo perdido y evitar nuevas pérdidas. Como le contó a Gestión Sindical la titular de CICOP Marta Márquez luego de la reunión con el Ministro de Salud bonaerense “nuestro pliego de reclamos pedimos que haya cláusula de actualización, porque entendemos que es la única forma de no perder ante la inflación. Ese planteo se llevará a la mesa de negociación”.

En el oficialismo creen que pese al rechazo inicial de algunos gremios y las dudas de la mayoría habrá acuerdo para llevar adelante este cambio de paradigma. En este sentido, creen que el adelanto de 4 mil pesos puede ser una forma de acercar los números, incluso entre quienes perdieron mucho en 2019.

En este sentido, un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) estableció que este el aumento salarial de suma fija otorgado por el gobierno a los trabajadores del sector privado “implica un aumento del 8,4por ciento sobre la media salarial del sector”.

No obstante, aclaró, “en tanto el 60por ciento de los trabajadores están por debajo del promedio, la suma fija implica un aumento superior para la mayor parte de los trabajadores”. Como ejemplo, la entidad que preside el ex diputado nacional Claudio Lozano remarcó que “para quienes perciben valores cercanos al salario mínimo, el incremento será del 24,8por ciento”.