Por Luis Autalan

La posibilidad de un paro en el servicio de transporte público automotor vuelve al escenario a partir de divergencias entre las empresas de colectivos del AMBA, el Gobierno y la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En esa coyuntura las partes se reunirán este lunes en una cita que incluye a las secretarías de Transporte y Trabajo, en el ámbito de la sede laboral. El pasado jueves fue el último día hábil que tenían las empresas transportistas para pagar los salarios de noviembre con las mejoras incluidas. A fines de octubre, como publicó BAE Negocios, las empleadoras y el gremio habían firmado la paritaria para completar los meses correspondientes a 2024. En dicha ocasión tuvo lugar el compromiso de abonar un básico de $1.140.000 desde noviembre, $1.160.000 desde diciembre y $1.200.000 desde enero.

Aquella rúbrica y gestiones oficiales lograron que la UTA no llevara adelante la medida de fuerza, empero con el correr de los días la mejora no se hizo efectiva en los sueldos de los choferes. Según fuentes empresarias y sindicales, la secretaría de Transporte se comprometió a desarrollar una nueva estructura de costos. Ahí quedaría expresado un reconocimiento a las empresas en cuanto a la "imperiosa necesidad" de contemplar la suba de sus gastos, pero hasta el momento el Gobierno negó un incremento de los subsidios como tampoco autorizó incremento del boleto.

En este panorama, las empresas advirtieron que no estaban en condiciones de abonar los sueldos de noviembre con el aumento acordado.

A saber, desde los números empresarios la estructura de costos vigente que determina subsidios los cuales llegan al 70% de los ingresos de las empresas fue publicada en septiembre, tomando el registro de los insumos de julio, "existe un desfasaje entre los costos imputados y los precios de mercado, máxime cuando la inflación registrada para el período fue del 15,5%", argumentan las empresas en la previa a una nueva mesa con el Gobierno y la UTA.

Con esos valores señalan que, aún sin contar con los fondos para liquidar la paritaria, firmaron el acuerdo "a sólo efecto de evitar un conflicto", en relación a la medida de fuerza que había sido decretada para el 31 de octubre. Al respecto, remarcaron que de las gestiones en esa ocasión hubo un compromiso de las autoridades para revisar la estructura de los costos.

Vale reseñar que los subsidios a este rubro de transporte han sido una variable de acuerdos salariales, desde hace años, una realidad que atravesó a gobiernos de diferente signo político.

El aporte de fondos estatales a este servicio público comenzó en 2002, cuando el entonces presidente Eduardo Duhalde congeló las tarifas.

Ya en 2007 se implementó un régimen de compensaciones para el transporte del interior, y en 2019 se modificó el sistema para que las provincias también aportaran parte de los subsidios. En cuanto a las razones de ser de esta modalidad, desde su creación se proclama que los mismos hacen más asequible la tarifa y facilitan el uso de este medio de transporte a la población de menores ingresos.