Según las últimas cifras, las obras sociales nacionales alcanzan a alrededor del 33,6% de la población, mediante más de 290 entidades; sin embargo, todavía quedan por recuperar casi 800.000 beneficiarios para alcanzar los valores que existían antes de la pandemia.

Así se desprende de un informe elaborado por la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME).

«Este fenómeno se da por el deterioro del mercado laboral, que responde al impacto de la crisis económica y la inflación especialmente sobre las pymes, además de la presión fiscal, las dificultades en el acceso al crédito y el elevado costo del empleo formal», evaluó el presidente de esa entidad empresaria, Guillermo Gómez Galizia.

Según el informe, en los últimos doce meses las primeras diez obras sociales tuvieron un aumento en la cantidad de afiliados de 3,11%: en comparación con el alza del 2,64% general, esta evolución implica un aumento de la concentración en la cantidad de afiliados.

Esas obras sociales son OSECAC, OSDE, OSPRERA, UPCN, UOCRA, OSPE, OSUTHGRA, ASE, Mutual Sancor y UOM, que en conjunto concentran aproximadamente el 43% de los afiliados.

Si se añaden las seis obras sociales siguientes en tamaño, se alcanza al 50% del total de afiliados.

«Esta concentración implica que la mayor parte de los beneficiarios del sistema es asistida por obras sociales que no llegan a recaudar, contabilizando aportes más contribuciones más el fondo solidario de redistribución, el valor de la cápita promedio del Programa Médico Obligatorio o PMO», señaló Gómez Galizia.

El dirigente advirtió que el desfinanciamiento de las obras sociales «impacta sobre los beneficiarios, ya que se resiente el acceso a los servicios necesarios en forma oportuna y en condiciones de calidad adecuadas, y compromete la capacidad de pago a los prestadores. Es decir: afecta la atención de la salud de millones de argentinos y la sustentabilidad de las pymes prestadoras».

El reporte de CADIME puntualizó además que el valor de la cápita promedio anual de las obras sociales nacionales -el de su recaudación dividida por beneficiario- asciende a $6.335: en términos constantes, disminuye un 14% en los últimos cinco años.

Por su parte, el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) financiado por las obras sociales nacionales alcanza los $5.257, aunque solo el 38% de los beneficiarios tiene una cobertura cuyos ingresos superan el costo del PMO per cápita.

Para Gómez Galizia, «el desfinanciamiento de las obras sociales impacta directa y negativamente sobre sus beneficiarios y sobre los prestadores. Compromete la atención en términos de acceso, oportunidad y calidad, y la viabilidad económica de los prestadores, especialmente de las pymes».