Julián Alvez

El arribo de Javier Milei y sus funcionarios a la administración pública trajo consigo un pedido expreso de revisión interna de la "herencia" de gestión de Alberto Fernández en diferentes áreas del organigrama estatal. Entre esos requisitos se encuentra una exhaustiva auditoría del personal público en las principales entidades y jurisdicciones del Estado. Paralelamente, en este sector comenzaron a evidenciarse cesantías localizadas, con probabilidad de acrecentarse en los próximos meses.

Todo esto configura parte del achicamiento de la estructura del Estado y ahorro fiscal que desde el gobierno mileista impulsan desde el primer día. Las metas reformuladas en el programa con el FMI estipulan un superávit fiscal de 2% del PBI. En los hechos, la consecución de esta meta se presagia vital para los funcionarios económicos.

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En cuanto a lo que personal del Estado refiere, el paso inicial de la gestión mileista fue anunciar la no renovación de aproximadamente 7000 contratos que habían sido altas del año 2023. Los demás cargos puestos en funcionamiento a partir del 1 de enero del año pasado ser serán revisados en un período cercano a los 90 días.

La auditoría del personal del Estado que realiza Milei

Para realizar el análisis exhaustivo de los empleados estatales, el líder libertario encomendó a sus funcionarios comenzar con auditorías en las terminales de la Administración Pública para determinar cuáles son los números que dejó la gestión del Frente de Todos.

Más precisamente, Milei publicó el Decreto N°126/2023 que instruyó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para la elaboración de un informe que contenga la información necesaria para registrar la variación de la dotación del personal del Estado de 2022 al 7 de diciembre de 2023.

En la extensa planilla también se deberán consignar la ejecución presupuestaria financiera, compras, contrataciones, juicios, el patrimonio, los fondos fiduciarios, fideicomisos y el estado de situación del control interno particular de cada una de las carteras que se vean obligadas a realizar este proceso

El corte temporal no resulta casual. En el informe a presentar por la SIGEN habría un detalle fino sobre la cantidad de contrataciones realizadas por el gobierno durante el año electoral. "Es raro que faltándote un año o menos necesites más gente", argumentan desde Casa Rosada como parte de sus sospechas de que habría habido exceso de contrataciones.

El principal encargado de la coordinación de este documento es el síndico general de la Nación, Miguel Blanco, quien hasta hace pocas semanas se desempeñaba como director general del Swiss Medical Group y como coordinador del Foro de Convergencia Empresarial (FCE). La SIGEN es la entidad del Estado que realiza el control interno de las jurisdicciones del Poder Ejecutivo Nacional, organismos, empresas y sociedades del Estado.

Desde la Casa Rosada comentaron a El Cronista que la auditoría es para hacer un adecuado traspaso de las áreas al nuevo Gobierno. "Se envió un modelo de informe que tienen que entregar, llamado informe de Entrega y Recepción. La idea es poder tener estandarizada la forma de envío de datos de todas las dependencias", indican.

El síndico general de la Nación, Miguel Blanco.

Según desprenden fuentes de la SIGEN, hay un total de 190 unidades de auditorías trabajando en el relevamiento, una por cada jurisdicción del Ejecutivo o entidad del Estado. "Estamos trabajando desde el día después de la asunción. Este documento de inventario va a ser muy grande", afirman.

El decreto firmado por Milei comenzó a regir el 29 de diciembre, por lo que la SIGEN y las diferentes áreas del Estado tienen hasta 30 días después para la entrega del informe. "Esto después se lo van a elevar al Presidente, a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría General de la Presidencia", detallaron desde una de las unidades auditoras.

Así es que Javier Milei, Nicolás Posse y Karina Milei serán quienes -sin un plazo determinado- deberán decidir qué realizar en estas áreas. Tal y cómo lo expresó Blanco en los considerandos de una Resolución reciente, tratarán de "diseñar, planificar y llevar adelante aquellos cambios y reformas que resultaren necesarios".

Javier y Karina Milei en su despacho de la Casa Rosada.

Según trascendió el mes pasado, hay un aproximado de 45 mil empleados estatales cuyos contratos fueron firmados antes del primero de enero de 2023 y entrarán en revisión por los siguientes 90 días. Entre las medidas vinculadas a los empleados públicos ya se conocieron diversos despidos en jurisdicciones puntuales del Estado y el pedido de justificación para el otorgamiento de horas extras.

El conflicto con los gremios estatales

El Gobierno ya percibe a los gremios estatales un actor con el que tendrá conflictos varios. Tanto UPCN como ATE están plegados al paro nacional que se hará el próximo 24 de enero, y ya realizan diversas demostraciones de fuerza por su parte.

La Asociación de Trabajadores del Estado ya realizó el lunes de esta semana una Jornada Nacional de Lucha. "Con la decisión de despedir trabajadores y congelar salarios, el Gobierno afecta notoriamente el funcionamiento de numerosas áreas del Estado", indicó el líder gremial Rodolfo Aguiar.

En relación a esta cuestión, el titular del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), Carlos Ortega, denunció ayer que hubo más de 350 cesantías de empleados públicos en organismos como la Anses y el Conicet. Desde ATE advierten que el gobierno "va a tirar despidos por goteo hasta llegar a marzo", y los líderes estatales ya declaran el estado de "alerta y movilización".

Funcionarios en diálogo con El Cronista repiten una misma consigna: "No vamos a despedir a nadie que trabaje". La interpretación de ese término quedará a mano de los alfiles mileistas.