El fallo, que marca un precedente en materia de responsabilidad de empleadores frente a casos de violencia de género, fue emitido el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por el Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo N° 73, a cargo del juez Diego Fernández Madrid.

Una condena ejemplar

El fallo obliga al sindicato a pagar indemnización por despido, daño moral y psicológico a la víctima, identificada como S.Z., quien decidió accionar judicialmente no solo contra el agresor, sino también contra la institución que, según la sentencia, incumplió con su deber de protegerla y detener los ataques. La decisión judicial se fundamentó en la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y en el Convenio 190 de la OIT, que establece la responsabilidad del empleador ante situaciones de violencia laboral.

Años de violencia y complicidad

S.Z. comenzó a trabajar en el sindicato en 2013 y en 2022 decidió considerarse despedida tras años de hostigamiento por parte de su superior, David Israel Cardozo, delegado del gremio en el Instituto Alexander Fleming y posteriormente presidente de la entidad. Según consta en el expediente, Cardozo ejercía violencia verbal, con insultos y comentarios sexuales, así como violencia física, incluyendo manoseos y agresiones que dejaron marcas. Además, enviaba mensajes inapropiados por WhatsApp, compartía imágenes de contenido sexual y la presionaba para participar en situaciones humillantes.

La víctima denunció en varias ocasiones los hechos a sus superiores, Mónica Consoli y Norberto Maschio, pero lejos de recibir apoyo, fue revictimizada. El fallo detalla que los responsables del sindicato conocían los abusos y no tomaron medidas para detenerlos. Incluso Daer, en su rol de secretario general, fue notificado por la trabajadora, sin brindar respuesta.

Impacto en la vida de la víctima

A raíz de los años de violencia, S.Z. sufrió graves consecuencias psicológicas y físicas, incluyendo insomnio, ataques de pánico, parálisis parcial, pérdida de peso y caída de cabello. A pesar de estas secuelas, decidió llevar adelante la denuncia como un acto de valentía y resistencia.

“Era la oportunidad de exponer e intentar poner fin a la cadena de violencia que vivimos las mujeres a diario. No puedo renunciar a cada trabajo donde me exponga a estas situaciones, y como madre, siento la responsabilidad de dejar un legado de valentía a mis hijos”, expresó S.Z.

Un precedente necesario

Las abogadas de la víctima, Silvina Lico, Muriel Killian y Lorena Mambrud, destacaron que el fallo aplica una perspectiva de género en la valoración de las pruebas y subraya la responsabilidad de los empleadores en garantizar un ambiente libre de violencia. “Es paradójico que un sindicato, cuyo propósito es velar por los derechos de los trabajadores, haya adoptado una postura de encubrimiento en lugar de actuar”, señaló Lico.

Este caso no solo denuncia la violencia ejercida directamente por el agresor, sino también la complicidad institucional que permitió que los abusos se prolongaran. La condena al Sindicato de la Sanidad, una organización sindical de gran relevancia en el país, representa un paso significativo en la lucha por erradicar la violencia de género en los espacios laborales.