El juez federal de Esquel Guido Otranto encabezó el tribunal que condenó a los dirigentes Jorge Alejandro Garzón, secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Santa Cruz y Olga Reinoso, jefa de la CTA Autónoma, por el el delito de "impedir el normal funcionamiento del servicio de transporte por tierra".

Otranto ordenó que ambos carguen con las costas del proceso y dispuso que durante dos años Garzón y Reinoso, "realicen trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público (a su elección) con una carga horaria de dos horas semanales".

La lectura de los fundamentos de la sentencia se llevará a cabo el 19 de junio a las 9.

El abogado de ATE, Enrique Papa, dijo a la agencia de noticias Télam que van a apelar la sentencia de primera instancia "en la Cámara, después a Casación y hasta la Corte".

"Entendemos que es una criminalización de la protesta social, porque condenan a dos dirigentes gremiales por llevar adelante un reclamo salarial", dijo el letrado.

A la salida del juicio, Alejandro Garzón dijo: "Se castiga a los sectores vulnerables de la sociedad y a aquellos dirigentes que hemos puesto el cuerpo por los trabajadores, dando total impunidad a quienes llevan adelante el macabro plan de económico de la mano del FMI y las corporaciones para empobrecer y dejar sin posibilidad de reacción al campo popular. Nuestro único delito ha sido defender a los trabajadores como dirigentes sindicales en momentos críticos que vivía nuestra provincia".

Por su parte el secretario General de ATE Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy señaló: "La verdad es que estamos indignados. La condena de prisión por tres y nueve meses que un juez ha dispuesto para nuestros dirigentes por hechos que sucedieron en el año 2017 es vergonzosa. Salieron a defender los derechos de las y los trabajadores porque estaban cortados los servicios de salud y de educación, y se percibían los sueldos de manera restringida. Es un fallo que no nos extraña".

"Esta es una clara evidencia de la criminalización de la protesta y de un Poder Judicial al servicio de los poderosos. Buscan impedir que nuestro pueblo se rebele y proteste ante las situaciones de injusticia. No por nada el Juez Otranto tuvo que ser separado del caso Maldonado cuando se inició la primera etapa. Este mismo juez se atreve a hacer esta condena absolutamente arbitraria, y la vamos a apelar en todas las instancias: Si es necesario, vamos llegar a la Corte Suprema", agregó Godoy.

Durante las dos jornadas de juicio declararon testigos de la defensa, dirigentes judiciales, de ATE y del gremio docente.

"Nuestro interés era probar cuál era la situación de la provincia, el estado de anarquía y cómo la Nación y la provincia nos obligaron a los trabajadores a reclamar de distinta manera, con la toma del Tribunal Superior, la Caja de Previsión, el Ministerio de Economía, 110 días de paro docente", detalló Papa.