La Justicia de Tierra del Fuego relevó que, a través de un "plan criminal", los sindicalistas estatales recaudaron unos 13,4 millones de pesos y parte de ese monto ingresó al circuito financiero "mediante maniobras de lavado de dinero a través de una empresa vial", indicaron las fuentes.

Además de Córdoba, la Cámara confirmó el procesamiento de la exsecretaria de Acción Social del gremio, Lilian Galli, y de Erik Moscoso Panoso, a quien imputan haber participado del lavado de dinero con suscripción de cheques personales. 

En la causa también están procesados Miguel Arana, empleado municipal e integrante de la comisión de viviendas de ATE, y su pareja, Gisela Escobar.

A Córdoba, Galli y Arana, la Justicia les adjudicó "22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí y defraudación por administración fraudulenta", mientras que Moscoso Panoso y Escobar aparecen ligados exclusivamente al lavado de activos.

Según reconstruyeron los investigadores judiciales, la maniobra delictiva surgió a partir de la construcción de 128 viviendas financiadas desde el programa nacional Techo Digno en el barrio Barrancas del Río Pipo de la capital fueguina.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) firmó un acuerdo con la ATE para que esas casas fueran adjudicadas a afiliados de ATE que cumplieran los requisitos de acceso a una vivienda da social.

Sin embargo, los sindicalistas se quedaron con "21 de esos inmuebles" y los "negociaron a grandes valores económicos", concluyó el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, en el auto de procesamiento que ahora confirmó la Cámara de Apelaciones.

"El grupo criminal se arrogó la facultad de "guardarse lugares" entre las 128 soluciones habitacionales, para comercializarlos a discreción, claramente de manera ilegal", afirmó el magistrado en un fallo de 2019.

La "cara visible" de la maniobra fueron Arana y Daniel Belbey, otro empleado municipal e integrante de ATE que se suicidó en 2018, pocos días después de que el escándalo se hiciera público.

A Córdoba y a Galli les atribuyen haber hecho gestiones ante el IPV y el gobierno provincial para modificar la lista de adjudicatarios de las viviendas e incluir a los "compradores".

La Cámara de Apelaciones revisó el cuadro probatorio acerca de la maniobra de estafa y defraudación, y llegó a la conclusión de que "no se advierten motivos" como para desacreditar "la labor valorativa" realizada por el juez de primera instancia.

En cambio, en relación al lavado de dinero, el organismo entendió que, si bien existen pruebas de ese delito, esa parte de la causa debe ser investigada por la Justicia Federal de Ushuaia.