En la previa de cada temporada estival, los conflictos entre guardavidas y municipios ponen en alerta a todos aquellos que habían planificado disfrutar de las playas argentinas. La disputa salarial es un clásico cada año, pero en esta oportunidad, el problema ha adquirido un carácter más acorde a los tiempos que corren, marcado por una necesidad de ajuste y el intento de eliminar gastos en cada administración comunal. 

Y en esa danza de variables, en el caso puntual del gremio que brinda la seguridad acuática en la Provincia, un conflicto podría poner en peligro la temporada de verano en varias localidades.

En un primer acercamiento hay dos destinos que se llevan todas las miradas: Pinamar y Mar del Plata. Son los favoritos del turismo nacional e internacional en lo que a balnearios se refiere; pero esta vez en particular, además de ser faro en cuestiones turísticas, también presentan graves irregularidades administrativas, que amenazan al normal funcionamiento  de la seguridad en las playas.

La importancia de estas dos localidades es porque, debido a la magnitud de la afluencia turística que reciben, podrían desencadenar un conflicto que se extienda al resto de los balnearios bonaerenses. Ya se baraja la posibilidad de que el gobierno de María Eugenia Vidal interceda para apaciguar los ánimos.

En Pinamar, el eje del proble-ma pasa por dos cuestiones. En primer lugar, a la fecha no hay un programa de seguridad acuática (requisito establecido por ley) aprobado. El Municipio lo presentó en más de una oportunidad, y no recibió el visto bueno del ente que regula la actividad: la Comisión Provincial de Guardavidas. Pero, también, la problemática está atada a una negociación entre el Municipio y el gremio por la cantidad de trabajadores por temporada. En líneas generales, los guardavidas pretenden un número fijo de entre 120 y 130 empleados durante los 150 días de trabajo, que están estipulados por ley, mientras que el Ejecutivo intenta regular la cantidad de contratados y la extensión de esos contratos según la necesidad, acorde a la afluencia de público en las playas.

Por el lado de Mar del Plata, la situación es muy compleja, ya que el conflicto laboral ha llevado a medidas de fuerza antes del inicio de la temporada; con un piquete incluido, que hasta tuvo repercusión internacional. El caso es que la Comuna, amparada en el tan mentado control de gastos, intenta reducir el número de guardianes de las playas porque considera que hay “superpoblación en el sector”. El número de los trabajadores que pasarían a ser desempleados es 87, lo que significa, además, una considerable merma en la cantidad de seguridad para los bañistas en uno de los puntos más neurálgicos del turismo de la costa nacional. 

Estos dos casos son los más resonantes, por la dimensión de los lugares afectados y el impacto para la región; pero no son los únicos ejemplos que ponen en el mismo ring a los bañeros con los intendentes. La ley provincial 14.798 establece una serie de parámetros de mínima, que en la gran mayoría de las localidades no se cumplen. 

Más allá de la presentación del plan de seguridad acuática (a presentarse 30 días antes de la temporada) existen normas básicas que se incumplen, como la presencia de un guardavidas cada 80 metros o de uno cada 40 metros cuando la afluencia de turistas sea mayor. El dato de la discordia es que, además, cada municipio fija su propio salario y cumple la ley como puede, o como negocie con cada gremio. 

Entonces, los conflictos son particulares de cada lugar. En Tres Arroyos, por caso, que comprende las playas de Claromecó, Orense y Reta, hasta último momento estuvo en duda el normal desarrollo de la temporada. El Partido de la Costa, en tanto, ya tendría todo cerrado.

En el caso de los distritos con conflicto, resta ver si primará la predisposición de las partes para llegar a un acuerdo o si tendrá que tomar intervención el Ministerio de Trabajo ante una eventual medida de fuerza, que ya ha ocurrido y podría volver a suceder. Otro punto de discordia, en algunos municipios, es que la Comuna paga los bañeros de concesiones privadas. 

La borrosa linea entre lo privado y lo publico 

Sueldos y puestos en riesgo

La Feliz presenta un amplio abanico de situaciones que tienen que ver con el ámbito laboral de los guardavidas, establecido por las variables en materia de jurisdicción de los balnearios. Al haber playas públicas, otras concesionadas y playas privadas, el universo de los trabajadores de la seguridad acuática es complejo. En ese sentido, este año se produjeron (y todavía continúan) varios conflictos. Uno de ellos, por la no renovación de más de 70 trabajadores enrolados en la mutual de los guardavidas, por estricta decisión del Municipio. Otro, por la cantidad de guardavidas en las playas, donde no se cumple lo previsto por la ley provincial 14.798; incluso no se presentó el plan de seguridad acuática, obligatorio por la  normativa. Asimismo, los difusos límites de jurisdicción a la hora de pagar los salarios motivaron otro importante conflicto: los balnearios privados de Punta Mogotes no quieren pagar los sueldos de los guardavidas, mientras que el Municipio aseguró que a partir de este año, no se hará cargo. En tanto, la zona del puerto es potestad de Provincia, mientras que Chapadmalal se rige bajo la órbita nacional, donde la Casa Rosada aporta el 50% de los sueldos.Por su parte, Luciano Grimaldi, desde la Unión de Guardavidas Agremiados, dijo a este medio que “esto depende del intendente Arroyo, y él debe definirlo. Se comprometieron a hacerlo antes del 15 de diciembre. Confiamos en eso. Si no lo define Arroyo debe ser Provincia quién se haga cargo del conflicto. Creo que lo que están haciendo es ganar tiempo”. 

Entre la ley y la trampa: un sinfín de irregularidades

La actividad de los guardavidas en la Provincia se rige por dos normas medianamente recientes: la ley nacional 27.155 y la ley provincial 14.798, votada en 2015. Pero ninguna se cumple totalmente. Cada lugar tiene su particularidad, porque en lo que hace a la reglamentación de la actividad de guardavidas está desagregado en cada municipio. Cada administración fija su propio salario y cumple la ley como puede, o como negocie con el gremio de cada comuna. De esta manera, los incumplimientos van desde la cantidad de trabajadores por playa hasta los días de actividad por temporada.

Pinamar (Asociacion de guardavidas y municipio)

Entre el incumplimiento de la norma y el reclamo salarial del gremio

En Pinamar, el plan de seguridad en playas no fue aprobado y hay un conflicto salarial. Al respecto, La Tecla se comunicó con el secretario adjunto de la Asociación de Guardavidas del distrito, Fernando Espinach, quien apuntó que “el Municipio decidió hacer 108 suspensiones a trabajadores, por 9 días y sin goce de haberes, por haberse adherido a un paro. Pero lo que agrava esta situación es que la Comuna decidió suspender a los trabajadores y, además, no reemplazarlos con nadie”. Agregó que “no aceptamos una vulneración a nuestros derechos, arbitraria, injusta e irracional. Se está evaluando un plan de acción con medidas gremiales, lo que puede complicar todavía más la situación del servicio”. Por su parte, el secretario de Seguri-dad, Matías Yeannes, señaló a este medio: “El operativo de seguridad en pla-ya que conformamos nosotros es el mismo que se viene haciendo hace ya varios años en Pinamar. Cuenta en el pico máximo de la temporada, en lo que es enero y febrero, con 120 guardavidas. En diciembre y marzo que, son meses con menos afluencia de público, planificamos 95 guardavidas. Y lo que sería la segunda quincena de noviembre y la primera de abril, 85”. Asimismo, respecto del conflicto por suspensiones, Yeannes afirmó que “quieren llegar a que el pico que tenemos en enero y febrero, con 120 o 130 guardavidas, trabajen 150 días. Y es en lo que nosotros no estamos  para nada de acuerdo, porque es completamente irracional tener esa cantidad de guardavidas en noviembre y abril, que no hay nadie en la playa. Ahí está la discusión”.

Plan B: En Tres Arroyos dieron marcha atrás con el recorte

Desde el Municipio pretendían recortar un mes la temporada de guardavidas, pero, tras el reclamo de los gremios, se mantuvo la temporada inicial, que comenzó el 1 de diciembre y termina el 31 de marzo. La iniciativa buscaba cortar el servicio de seguridad en playa el 1 de marzo, por lo que los trabajadores perderían 30 días de trabajo. De esta mnanera, tanto Claromecó como Reta y Orense tendrán servicio completo de guardavidas, aunque tampoco se ajusta a los 150 días que establece la ley provincial.