Por Laura Vales.

Este jueves, el Consejo del Salario sesionará con una movilización en la calle. Organizaciones sociales y sindicales van a manifestar frente a la secretaría de Trabajo, para denunciar la enorme caída en los ingresos y exigir que el salario mínimo cubra la canasta de pobreza. “El salario mínimo hoy debería ser, por lo menos, de 865 mil pesos”, planteó en este sentido Hugo Godoy. El titular de la CTA Autónoma agregó que realizarán la manifestación, además, “para apoyar a los movimientos sociales, que están siendo asediados por este gobierno, no sólo por la no entrega de alimentos, sino también por los allanamientos y las persecuciones”.

La protesta fue convocada por la CTA Autónoma, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Federación Nacional Territorial (FeNaT), Libres del Sur, y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras agrupaciones que se reunirán a partir del mediodía en la Avenida Alem al 650.

Para las organizaciones, el gobierno “tiene la decisión política de que 8 millones de argentinos pasen hambre”. El salario mínimo está siendo mantenido en la gestión de Milei por debajo de la línea de indigencia de un hogar promedio. Al mismo tiempo, las políticas de asistencia social -con la única excepción de la Tarjeta Alimentar, que tiene una cobertura limitada- están desarmadas y sus presupuestos son subejecutados, en parte por la impericia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y en parte porque la Casa Rosada le ha declarado la guerra a las organizaciones sociales, que eran quienes hasta diciembre garantizaban la ejecución de la mayoría de las políticas sociales.

“El Gobierno está criminalizando a nuestras organizaciones. No solamente criminaliza la protesta, sino el hecho mismo de organizarse. Para ellos, organizarse es ilegal: cuestiones que están reconocidas en nuestra Constitución Nacional y que son derechos adquiridos y reconocidos no solamente en nuestro país, sino internacionalmente, son criminalizados”, señaló Silvia Saravia, coordinadora territorial de Libres del Sur.

“Muchos de los allanamientos que han realizado fueron con causas judiciales que inician las investigaciones sobre base de datos falsos, en las que plantean no hechos concretos sino hechos que ellos suponen que son de esa manera. Sobre eso han hecho allanamientos masivamente a muchos espacios comunitarios, aún sin haber tenido denuncias sobre esas personas. Todo eso busca intimidar a quienes están organizados”.

“Pareciera que, por ejemplo, juntar dinero para resolver alguna cuestión concreta del día a día es algo ilegal, cuando no es así: es algo que se hace en todas las organizaciones para financiar las actividades. Se estigmatiza también el debate sobre la movilización, el debate sobre la necesidad de formarse, de debatir, de estudiar, de tener distintas posturas. Se plantea que el pensar diferente es algo ilegal o implica una sedición, cuando se habla de organizaciones terroristas o de golpe de estado. Hay una serie de cosas que estamos observando en el relato del gobierno o de sus funcionarios; eso después se lleva a la justicia y se plantean figuras penales cuando en realidad un montón de cosas que ellos bastardean son cuestiones lógicas de la organización, en todos sus estamentos, de la organización popular, de la organización deportiva, de la organización sindical. De las distintas formas que el pueblo ha encontrado para organizarse y también para plantear su descontento cuando sus intereses son avasallados”.

Esta es la tercera reunión del Consejo del Salario en el gobierno de La Libertad Avanza. Las anteriores, realizadas en los meses de febrero y mayo, terminaron sin acuerdo y el monto del salario mínimo fue fijado con laudos de la Secretaría de Trabajo. Con este mecanismo, el salario mínimo fue actualizado en relación a noviembre un 60,5 por ciento, pero en el mismo período la inflación acumulada se proyecta como superior al 136 por ciento.

El SMVM impacta en el seguro de desempleo y las jubilaciones. Hasta el año pasado también determinaba el monto de los planes sociales, ya que el Potenciar Trabajo equivalía a su mitad, aunque esta garantía fue eliminada por el ministerio de Capital Humano y en los actuales programas sociales ya no se aplica.

Omar Giuliani, secretario de la Federación Nacional Territorial, recordó que hoy “siete de cada diez pibes son pobres; peor aún es que uno de cada tres es indigente, quiere decir que no come. El Consejo del Salario no puede seguir aplicando los criterios que viene usando”.

El referente agregó que las organizaciones sociales se sumarán a los sindicatos para reclamar dos temas, “uno es que el monto de los programas sociales vuelva a ser asociado al salario mínimo, porque de eso depende su movilidad y porque tienen que está relacionados a un criterio laboral. El otro es plantear que la pérdida del poder de compra de los salarios afecta a la actividad económica; en el país, desde que gobierna Milei, han cerrado 10 mil PyMEs. Los que desde las organizaciones sociales intentamos crear trabajo mediante cooperativas y emprendimientos nos vemos afectados por este resquebrajamiento económico”.

"Este es, además, un gobierno que no entrega los alimentos, no entrega las frazadas en medio de la ola polar. Esa es la perversidad, la crueldad a la que nos quiere acostumbrar; esperemos que no vuelva a hacer la mímica que hizo en el anterior Consejo del Salario, donde ni siquiera nos dejó hacer un planteo concreto. Si bien siempre somos respetuosos del proceso institucional, se hace imposible discutir con tanta pobreza en Argentina”.