Mediante un escrito presentado ante la Corte Suprema, el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, le reclamó a los jueces que hagan lugar a una medida cautelar en la que se suspenda la ley que modificó el piso de Ganancias (Ley 27.725) y el Decreto 473/2023 que estableció la Devolución del IVA a las compras de la canasta básica (la ley tiene media sanción de Diputados).

Asimismo, que se ponga como medida urgente «ordenar que los efectos fiscales» de la aplicación de ambas normas y que «sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación que le corresponde a la provincia de Mendoza».

Según explica el escrito presentado por el gobernador saliente -y que cuenta con el apoyo de Alfredo Cornejo- las modificaciones de ambos impuestos que son coparticipables afecta «de manera directa en la conformación de la masa coparticipable, detrayendo de manera unilateral, fondos ya comprometidos por la provincia para el 2023».

Mendoza es la punta de lanza ya que no será la única provincia que siga el camino judicial. El tema fue planteado en la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio y se espera para los próximos días que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés siga el mismo camino que su par cuyano.

El resto de los gobernadores electos de JxC asumirán el próximo 10 de diciembre por lo que es probable que, si no hay una solución de fondo, se sumen con medidas similares a la que presentó Mendoza.

La determinación de los gobernadores puso en alarma al mundo sindical. Ganancias fue un viejo reclamo de los sindicalistas y su solución legislativa le valió una suba de salario de bolsillo a casi un millón de trabajadores registrados.

«Repudiamos a los gobernadores que en lugar de buscar recursos en los grandes empresarios que obtienen ganancias siderales se meten con el bolsillo de los trabajadores«, acusó La Bancaria ayer. Y planteó que «siempre con el eslabón más débil y nunca tienen el coraje de meterse con los poderosos».

En la práctica pasaron a pagar solo quienes superen el $1.980.000, y a partir de entonces, se tributa según las nuevas escalas. Para quienes dejaron de pagar significó un incremento de alrededor del 30% en sus ingresos.