Tras la decisión de la Justicia de intervenir el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME) y de desplazar a las autoridades que ganaron las elecciones, la conducción del gremio aseguró que continúan en funciones porque fueron elegidos “democrática y legalmente" por los afiliados. Asimismo, denunciaron el nexo entre el interventor designado y el ex secretario general, Marcelo Balcedo, quien busca recuperar el control del sindicato mientras se encuentra detenido y procesado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.

“La Justicia Laboral resolvió por su cuenta la intervención del sindicato basado en una argumentación falsa”, sostuvo el SOEME a través de un comunicado en el que respondió a la resolución de la Sala VII de la Cámara del Trabajo, que ordenó también la suspensión de la actual conducción.

Pese a la decisión de la Justicia, las autoridades confirmaron a Infobae que “seguimos en funciones en la conducción del sindicato”, ya que fueron electos “democrática y legalmente por las afiliadas y afiliados del gremio”.

"El fallo también provoca el malestar del Ministerio de Trabajo, que es el órgano de aplicación en la materia y fue quien finalizó dicho proceso eleccionario, que no sufrió una sola impugnación”, agregaron.

Marcelo Balcedo, el ex secretario general del gremio, quien se encuentra detenido por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.

La pelea por el control del gremio se desató a nivel judicial el año pasado entre el fuero laboral -que no reconoce las elecciones internas- y el juez federal Ernesto Kreplak. Justamente este último fue quien procesó a Balcedo por asociación ilícita, y defraudación al sindicato. En Uruguay, el gremialista se encuentra imputado por contrabando, lavado de activos y tráfico de armas.

Para la conducción que responde al secretario general Adrián De Marco, la resolución de la Cámara del Trabajo “se enmarca en una adelanto de sentencia, ya que lo tramitado por los abogados de Balcedo, Mirta Susana Mariño y Alicia Velich, se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia”.

En el comunicado que emitió el SOEME, apuntaron contra el interventor propuesto por la Cámara, Julio César Simón: “Es el funcionario del Ministerio de Trabajo que fiscalizó y fue partícipe del proceso eleccionario que ganaron las actuales autoridades”.

A su vez, se hizo énfasis en “la relación que el designado tiene con la familia Balcedo desde la década de los 90, cuando su padre ocupaba en representación del SOEME la obra social OSPLA, designado por Antonio Balcedo; padre del detenido en Uruguay". “¿Casualidad o causalidad que los destinos de hijos se crucen?”, cuestionaron.

Simón ya había estado en la primera intervención designada por Kreplak, que se llevó a cabo durante el Gobierno de Cambiemos, por lo que desde la actual conducción atribuyeron a “presiones macristas que siguen vigentes".

El comunicado concluye alertando sobre cómo puede impactar el fallo en los trabajadores del gremio que “están en primera línea de batalla, proveyendo alimentos a millones de niños en los comedores de los colegios” y que se ven “conmocionados” con esta “intromisión de la justicia laboral”.

Así, Adrián De Marco solicitó a la Cámara la nulidad del fallo, antes de recurrir a la Corte Suprema. La presentación judicial a la que accedió Infobae habla de “gravedad institucional” y argumenta que la nueva intervención “atenta directamente contra la autonomía y libertad sindical”, por lo que el fallo es “ilógico y arbitrario”.

Una patota que responde a Balcedo provocó destrozos en el sindicato a principios de febrero (Adrian Escandar)

A principios de febrero, un grupo que responde a Balcedo tomó la sede del SOEME, en calle Salta al 500, provocando destrozos y robando objetos del gremio y de los trabajadores que se encontraban en el edificio.

Por lo pronto, el ex secretario general se encuentra junto a su mujer, Paola Fiege, cumpliendo prisión domiciliaria en su mansión en Uruguay. Procesado por lavado de activos, tráfico de armas y contrabando, para la Justicia los integrantes de la asociación ilícita desviaron 510 millones de pesos provenientes del sindicato entre 2012 y 2017. Ese monto es parte de los 750 millones que le entregó al SOEME la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires en concepto de aportes correspondientes a la cuota sindical de sus afiliados.

Gran parte de la fortuna desviada terminó en la compra de autos, inmuebles y embarcaciones. Pero también se detectó que el dinero terminó en las cuentas del diario Hoy y Radio Red 92, los medios de la familia Balcedo.