Gabriela Origlia

La Justicia Federal de Córdoba envió a juicio a los líderes del gremio Luz y Fuerza acusados de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos. Son 18 los procesados, entre los que se encuentran el actual secretario general, Jorge Molina Herrera, y quien lo antecedió en el cargo, Gabriel Suárez, un dirigente muy ligado a Hugo Moyano. La decisión llega antes de que el Tribunal Federal Oral N°1 resuelva si acepta que los dirigentes del Sindicato de Recolectores de Basura (Surrbac) paguen US$750.000 para no enfrentar un proceso por asociación ilícita, defraudación y usura.

La causa que llega a juicio comenzó a partir de un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que derivó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos; se habían detectado “movimientos financieros sospechosos” desde 2012 por parte de integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza. En 2021 la Justicia ordenó el procesamiento.

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El juez federal Alejandro Sánchez Freytes ordenó la elevación a juicio después de que la investigación determinara que la defraudación al gremio se habría realizado a través del libramiento de cheques de la conducción a favor del sindicato, la firma de cheques a favor de personas jurídicas con vínculos con la organización y el libramiento a personas relacionadas con los imputados de manera directa o indirecta. Por ejemplo, empleados gremiales, personas con “inconsistencias” ante el fisco, sin actividad comercial, beneficiarios de planes sociales o jubilados; por ejemplo, de la Mutual para Profesionales Técnicos y Personal Superior.

“Conformaron un grupo para defraudar a la entidad sindical que decían representar, mediante el manejo de fondos que eran desviados y conducidos a su patrimonio y/o al de terceros”, sostiene la resolución.

Los acusados, además de Suárez y Molina Herrera, son Fernando Navarro; la hija de Molina Herrera; Andrés Adolfo Chianalino; Alexis Daniel Fidelbo; José Ramón Galván; Oscar Fabio Guzmán; Daniel Edgardo Lozano; Roque Daniel Tapia; Justiniano Omar Arce; Fernando Delfor Delgado; Gisela Dalinda Tahan; Liza Rocío Loyola; Rita Ivana Carranza; Juan Bernardo Benito Farías; Julio César Secchi; Cecilia Ivone Pérez; Enrique Osvaldo Lorente; Emilio Ricardo Chaer, y Martín López.

Tanto Sánchez Freytes como su antecesor, Ricardo Bustos Fierro, quien procesó a los gremialistas, indicaron que Molina Herrera habría “lavado” poco más de $13,5 millones a través de la compra de fichas en los casinos entre 2011 y 2015. Ese dinero provendría de la defraudación al sindicato.

Molina Herrera “habría pretendido introducir (los fondos) al circuito legal mediante tales maniobras, siendo estas una de las formas más rudimentarias y antiguas para lavar dinero. Se lo pudo observar llenando de fichas el paño de las mesas de ruleta en una actitud de total desparpajo y desprendimiento”, señala el dictamen judicial.

El Fondo Compensador, conformado por una contribución de la empresa estatal Epec y de los aportes de los trabajadores activos, fue otro instrumento para la defraudación, según la Justicia. Desde 2014/15 sus administradores habrían comenzado a pagar los remanentes de manera parcial a cada jubilado y pensionado y, en 2018, suspendieron por la presunta falta de fondos. Habrían usado ese dinero para otros fines y realizado préstamos a otras áreas del sindicato. El perjuicio total superaría los $180 millones.

La resolución señala: “Los imputados, valiéndose de sus funciones y facultades legales conferidas para administrar y distribuir los saldos del Fondo, habrían desviado dichos fondos hacia diferentes destinos, perjudicando a los jubilados y los pensionados que deberían haber recibido ese dinero”.