Aixa Petriati denunció graves irregularidades en la gestión de José Voytenco al frente de UATRE, revelando desvíos de fondos, manipulación electoral, y corrupción que han convertido al sindicato en un negocio personal, en detrimento de los derechos de los trabajadores rurales.
En una grave denuncia realizada en RADIO REALPOLITIK FM, Aixa Petriati destapó las irregularidades que se esconden detrás de la gestión de José Voytenco al frente de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). A través de testimonios y evidencias, Petriati expuso un entramado de corrupción que ha desviado fondos, manipulado elecciones y despojado de su confianza a los trabajadores, convirtiendo al sindicato en un negocio en beneficio de unos pocos.
El caso, conocido como el "expediente UATRE", revela una trama de desvíos de dinero y abuso de poder en las cúpulas sindicales. En el centro de la denuncia está el propio Voytenco, quien, según Petriati, ha utilizado su posición para enriquecerse personalmente a costa del bienestar de los afiliados. "La casa de un millón de dólares que compró, los relojes que usa, todo el estándar de vida de Voytenco está basado en el dinero que se ha desviado de UATRE", aseguró Petriati, enfatizando que su lujoso estilo de vida es el resultado de su gestión al frente del sindicato.
El informe de la Justicia Federal de Lomas de Zamora detalla el artículo 303 de la ley, acusando a Voytenco de lavado de activos, debido a las prácticas de gestión fraudulentas al frente de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Además, la denuncia incluye manipulación de elecciones seccionales y la usurpación de puestos, con la intervención directa del secretario General para bloquear la oficialización de listas opositoras, como sucedió en los comicios del 2023.
"El sindicato no está funcionando para los trabajadores. El único objetivo de Voytenco es hacer negocio, y está manipulando instituciones como el RENATRE y la obra social para perseguir a sus opositores", declaró Petriati. En cuanto a la gestión de la obra social, la denuncia es clara: el sistema no está cumpliendo con su propósito original de ofrecer servicios de salud para los afiliados, sino que se ha convertido en un instrumento para llenar los bolsillos de unos pocos. "La obra social fue un fiasco total", agregó, señalando que la situación económica de UATRE está gravemente comprometida con un déficit mensual de 2.000 millones de pesos.
Pero las acusaciones no se limitan a la mala administración de los fondos. En la investigación también se encontraron pruebas de irregularidades en la compra de medicamentos. "Se entregaban medicaciones carísimas sin el último troquel. Los proveedores estaban relacionados con familiares de los beneficiarios, con montos inflados", afirmó Petriati. Esta es solo una de las muchas evidencias de connivencias entre los dirigentes sindicales y empresas, que, según la denunciante, se han apoderado de recursos destinados a los trabajadores rurales.
Además, la denuncia incluye una serie de irregularidades en los procesos administrativos, con recetas médicas manipuladas, cambios de tinta y una trazabilidad de compras que deja mucho que desear. "Nunca se cierra el circuito, hay mucha falta de control", agregó, explicando que la auditoría actual está siendo crucial para destapar aún más irregularidades.
El momento más trascendente de la denuncia se dio cuando se hizo efectivo un pedido para la intervención de UATRE. El Tribunal de Apelaciones Laborales falló a favor de una normalización del gremio, lo que significa una intervención directa del estado para revisar las gestiones fraudulentas dentro de la organización. "Nosotros no queríamos llegar a este punto, pero sabíamos que sin intervención no habría cambios", manifestó Petriati, quien recalcó que desde el 23 de septiembre del año anterior venían pidiendo la destitución de Voytenco.
Lo que está claro es que la gestión de José Voytenco ha llevado a UATRE a una crisis profunda, donde el objetivo principal parece haber sido el enriquecimiento personal y no la defensa de los derechos de los trabajadores rurales. Mientras tanto, la Justicia sigue su curso, con el caso en manos del juez Federico Villena, quien tiene la responsabilidad de investigar todos los desvíos y irregularidades denunciadas.
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