“Nos atacan porque no aceptamos que se modifiquen los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores. Nos quieren bajar la indemnización y eso no lo vamos a permitir. Es por eso que se ordenó este allanamiento”, afirmó ayer Hugo Moyano en declaraciones formuladas a la señal televisiva Crónica TV.

Por orden de la jueza porteña de instrucción Wilma López se requisó ayer nuevamente la sede central del sindicato de Choferes de Camiones, en un operativo realizado por la Policía Federal.

En el procedimiento se buscaron pruebas sobre las presuntas extorsiones del gremio que conducen Moyano y su hijo Pablo a empresarios del transporte.

La denuncia contra la organización gremial que encabezan los Moyano fue presentada por la empresaria Nancy Pastorino, dueña de Expreso Pontevedra, quien aseguró que dirigentes de Camioneros intentaron extorsionarla con un pedido de 500.000 pesos.

Sin embargo, Moyano negó que su gremio haya realizado una extorsión y acusó a la empresaria de “maltratar” a sus empleados y “no pagarles lo que les corresponde”.

En otro orden, Moyano volvió a referirse a la coyuntura nacional y aseguró que está dispuesto a dar “todas las peleas que sean necesarias”, al considerar que si el oficialismo sigue con sus políticas “no quedará otro camino que llamar a un paro general”.

“Si las cosas siguen así vamos a tener que llamar a un paro general, no quedará otro camino. Esperemos que los senadores aprueben el proyecto de las tarifas que se aprobó en el Senado. Ojalá que no aparezca en una Banelco en el medio”, ironizó el gremialista.

De esta forma, se refirió a la controversia que mantuvo en el 2000, con el ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique, a quien Moyano acusó que tenía “una Banelco” para que esa iniciativa se aprobara en el Senado.

“Pienso que si ahora aprueban otra reforma laboral, la gente no lo tolerará. Si esa ley se aprueba será como una traición a la patria, porque la patria son los trabajadores”, apuntó.

Además, el camionero criticó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al estimar que pedirán “cosas que van en contra de los derechos” de la gente.