La Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS) ha manifestado su enérgico rechazo a esta medida que desprotege a los trabajadores del sector, afectando sus derechos laborales y culturales.

El Gobierno Nacional vuelve a arremeter contra los trabajadores de la Cultura con la implementación de los decretos 138/25 y 143/25, que desregulan las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos Autorales y de Intérpretes, debilitando gravemente la protección de los artistas y creadores en Argentina, explicaron desde la organización gremial con gran preocupación.

Rechazo y llamado a la reflexión

Frente a este nuevo embate del Gobierno contra la Cultura, COSITMECOS reafirma su solidaridad con los trabajadores de las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos Autorales y de Intérpretes, y exige al Ejecutivo que revierta estas medidas que sólo traen perjuicio y desprotección al sector.

“Nos quieren desorganizados, pero seguimos firmes en la defensa de nuestros derechos”, remarca el comunicado firmado por Horacio Arreceygor, Secretario General de COSITMECOS y del SATSAID, en un llamado a la reflexión y la resistencia ante estas disposiciones que afectan a toda la comunidad artística y cultural del país.

Impacto de los decretos

Las Sociedades de Gestión Colectiva han sido, históricamente, una herramienta clave para la protección de los derechos de autor y de los intérpretes, equilibrando las relaciones laborales en una industria donde predominan grandes monopolios. Sin embargo, con esta nueva normativa, el Estado nacional busca que cada trabajador negocie individualmente su contrato con las grandes empresas, en una relación claramente desigual y desfavorable para los artistas.

Además, estos decretos representan una violación constitucional al debilitar la preservación de los derechos intelectuales nacionales e internacionales, socavando años de construcción colectiva y solidaria en el sector.

Un ataque a las libertades y a la organización colectiva

COSITMECOS denuncia que, bajo el discurso de la “libertad”, el Gobierno de Javier Milei impone medidas arbitrarias que atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores de la Cultura. El Ejecutivo no solo busca vaciar las instituciones que protegen estos derechos, sino también modificar sus mecanismos de financiación y representación para favorecer a las grandes corporaciones en detrimento de los artistas.

Otra de las preocupaciones centrales radica en la intromisión del Estado en la autonomía de estas organizaciones, restringiendo incluso la posibilidad de que artistas y sus representantes puedan desarrollar actividades políticas o religiosas, lo que atenta contra el derecho a la libre expresión y asociación.