Por Laura Vales

La nueva ola de despidos de trabajadores del Estado superó los 2500 casos y hubo protestas en la puerta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en la ex Esma, Desarrollo Social, Capital Humano y el Hospital Posadas. En respuesta a uno de estos reclamos para que se abra una mesa de negociaciones, realizado en la puerta del Inti, el gobierno aplicó el Protocolo antiprotestas y despejó la calle con palos y gases lacrimógenos. La policía de la Ciudad se llevó detenidos, además, a dos integrantes de ATE y la CTA Autónoma.

Para concretar esta nueva tanda de despidos —ya hubo otras en diciembre y en marzo—, el Gobierno no renovó los contratos con los que miles de estatales permanecen en una situación de precariedad laboral desde hace décadas. Algunos de los despedidos —por ejemplo, en el exministerio de Desarrollo Social, reducido a una secretaría dentro de Capital Humano—, tenían hasta 17 años de antigüedad. Sin embargo, como su forma de contratación es anual —y desde que asumió el gobierno libertario sus contratos fueron extendidos con prórrogas sólo trimestrales—, las desvinculaciones se realizan con una notificación por mail y sin el pago de una indemnización que permita a los despedidos contar con un resto económico mientras buscan otro trabajo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la poda como quien ostenta un logro: dijo que en el ex Ministerio de la Mujer fueron desvinculados “685 empleados”, que “el 90% del presupuesto se gastaba en sueldos” y que “bajo este gobierno no hay lugar para gastos superfluos". Antes de que se confirmaran las cesantías, el vocero anunció que el plan iba a ir concretándose de forma trimestral, como "una constante" de la gestión libertaria, por lo que el desguace estatal promete seguir, por etapas, de acá en más.

Represión en el INTI

En el Inti hubo 288 despidos. La Asociación de Trabajadores del Estado había declarado un paro desde el viernes, y este lunes su conducción nacional, incluido el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, se concentraron frente a la puerta que da a la avenida General Paz. También fueron comisiones gremiales de base y diputados de la izquierda.

Para impedirles que avanzaran sobre la colectora, la Policía de la Ciudad gaseó a los manifestantes y se llevó presos a Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma. Cuando Aguiar intentó ayudar a unos de los detenidos, la policía lo golpeó en la cara. Además, hubo gases y balas de goma. 

Los trabajadores también denunciaron que en plena faena represiva, un móvil de la policía porteña ingresó dentro del edificio del INTI. Los efectivos se dedicaron a filmar con sus celulares quienes participaban de la medida de fuerza, en clara actitud persecutoria. 

“Se equivoca el Gobierno si cree que a los estatales nos va a frenar a los palazos. No nos van a frenar con represión. La única manera de garantizar la paz social es brindando respuestas a las justas demandas que tenemos los trabajadores", dijo Rodolfo Aguiar tras la represión, y convocó a un plenario federal de delegados en el que se definirán nuevas medidas de fuerza.

La Motosierra de Pettovello

El ex Ministerio de Desarrollo Social tuvo 300 despedidos. La secretaría que depende de Sandra Pettovello echó a todos los trabajadores del Área Territorial y de los Centros de Referencia —que eran locales de gestión en diferentes puntos del país para acercaban a la población las políticas públicas, desde los trámites para acceder a medicamentos hasta un certificado de discapacidad—.

“Dejó a Desarrollo Social sin ningún anclaje en los territorios”, describió Ingrid Manfred, secretaria general de ATE en ese organismo. Los prescindidos eran trabajadores que recorrían los barrios para ayudar a las poblaciones con menos recursos a completar trámites, como así también para controlar los comedores y emprendimientos productivos. 

“Recorríamos las villas y asentamientos, atendiendo en sociedades de fomento y otros locales vecinales. Muchas personas, sobre todo entre los más vulnerables, no saben cómo hacer un trámite con el teléfono celular, o no lo tienen, entonces estar ahí es importante. Muchas veces, por estar en el lugar, hacíamos de nexo entre las mujeres y las políticas contra la violencia de género”, explicó Viviana Tosso, una de las despedidas. Tosso trabajó durante 13 años en este rol, tanto con el Potenciar Trabajo como con programas anteriores, como el Ellas Hacen y el Argentina Trabaja. 

Con el desguace del Área Territorial, los habitantes de las zonas más pobres del Conurbano y de los parajes rurales perderán esta vía de llegada al Estado, luego de haber perdido la representación que hacían las organizaciones sociales, a las que desde diciembre el ministerio de Capital Humano no les permite realizar reclamos en nombre de los vecinos: todo trámite debe ser individual. Ahora, para todo trámite deberán contar con internet o acercarse personalmente.

El titular de Ate Capital, Daniel Catalano, estuvo en la puerta de Desarrollo Social, donde se realizó un acto. “Tenemos un gobierno que cree que el Estado no cumple ningún rol salvo el de reprimir, pero el aparato represivo no soluciona nada, sólo sirve para empeorar la situación: con represión no se resuelve el hambre, ni la pobreza ni la miseria”, advirtió

También señaló que los despedidos son trabajadores “a los que no les renuevan sus contratos después de tener hasta 17 o 20 años de antigüedad, porque a pesar de los esfuerzos para que fueran incorporados a la planta permanente no lo hemos conseguido. Y ahora, la Ley Bases establece que también quienes están en planta permanente pueden ser pasados a disponibilidad”.

La poda en Derechos Humanos

En la Ex Esma hicieron una protesta los despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos y sitios de la Memoria. Con ellos estuvo Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora.

“El viernes nos enteramos que no nos renovaban el contrato a más de 50 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos; la mitad desempeñamos nuestras tareas en lugares donde funcionaron centros clandestinos que hoy son espacios de Memoria. Trabajamos hace 10, 15 años en estos lugares, vamos a dar pelea por la reincorporación de todos”, anticipó Marylin, una de las cesanteadas.

El Posadas, vaciado

Otro de los lugares donde hubo despidos fue el Hospital Posadas, que depende del Estado nacional. Allí el gobierno echó a 90 profesionales entre ellos médicos de guardia, especialistas en neumología, oncología, endocrinología, fisiatría infantil, kinesiólogos y enfermeras.

“Este hospital tiene una área de influencia de seis millones de personas, no es sólo que nos ataquen a nosotros, atacan a todos los pacientes que se vienen a atender a este hospital” planteó en una asamblea que se hizo en la puerta del Posadas Luis Sucher, uno de los despedidos y delegado gremial.

Laura Bogado, otra de las delegadas, contó que entre los despedidos hay médicos que tenían turnos otorgados para los próximos dos meses. “Sus pacientes no van a ser atendidos. Echaron al único fisiatra infantil no sólo de este hospital sino de toda la zona, el estudio de fibrobronquioscopía, que detectan el cáncer o la tuberculosis, el estudio que detecta las leucemias… nos quedamos sin esos especialistas. Atacaron con tres despidos el servicio de trabajo social, que es el que le da asistencia a los pacientes de mayor vulnerabilidad, los que no tienen ni para el pasaje o para tomar un vaso de leche”.

“El hospital está siendo vaciado, estamos perdiendo profesionales de altísimo nivel que garantizan una atención de alta complejidad. Atención que miles de pacientes no van a tener más”.