El borrador de un decreto presidencial que comenzó a circular por los despachos de los ministerios y estudios jurídicos generó temor entre los empresarios. ¿Por qué? Porque se trata del proyecto que extiende la prohibición de despidos y suspensiones “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”.

La actual medida que prohíbe los despidos vence el próximo 24 de enero, por lo que la prórroga de la misma es inminente.

Pero hay más. El texto al que tuvo acceso Mundo Gremial amplía hasta fin de año la emergencia pública en materia ocupacional, en consecuencia, los casos de despidos “sin justa causa no cuestionados” tendrán derecho a percibir el doble de indemnización correspondiente.

El decreto, que llevará la firma del presidente Alberto Fernández, también ratifica a la Covid-19 como enfermedad profesional -no listada- “en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de la totalidad de las y los trabajadores dependientes incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular”.

El financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de las contingencias previstas será imputado en un 100% al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, de acuerdo a las regulaciones que dicte la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT)

Lo establecido en el decreto pronto a publicarse va acompañado por un cambio en un sector clave en la estructura del ministerio de Trabajo de la Nación. Está confirmada la salida de Gustavo Morón -cuestionado por el arco sindical- en el cargo de Superintendente de Riesgos del Trabajo.

Morón fue uno de los pocos funcionarios que sobrevivió de la gestión Macri – Triaca. Su lugar será ocupado por el abogado Enrique Cossio, que hasta ahora se desempeñó en la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Punto a favor para el ministro Claudio Moroni.

El cambio de mando en la SRT estaría ligado a la extensión de las medidas de cobertura a los enfermos de Covid-19 por parte de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ATR) que generaron una fuerte polémica en los últimos días.

Los gremios expresaron malestar en las últimas horas por el cese de la cobertura por casos de coronavirus por parte de las ART, ya que la Resolución 38/20 de la SRT publicada el 28 de abril de 2020 incluía en forma extraordinaria al coronavirus como parte de las enfermedades profesionales que estaban sujetas a la cobertura por parte del sistema de ART.

Pero la resolución establecía que la cobertura tendría validez durante la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y por un período subsiguiente de 60 días. La decisión del gobierno de dejar sin efecto el ASPO para dar lugar al régimen de DISPO desde el 8 de noviembre implicó la caducidad de esa cobertura a partir del 8 de enero último.

En ese punto, el nuevo decreto -al menos el borrador- no plantea con claridad de qué manera se subsanará el reclamo de los sindicatos para evitar un conflicto de mayor envergadura. Pero la sustitución en la SRT trae aire fresco y esperanzas entre los trabajadores.