A la convocatoria inicial del sindicato de estatales ATE se han unido ahora los Metrodelegados, docentes y no docentes de universidades nacionales, así como trabajadores de la AFIP, Aduanas y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes planean realizar protestas en las calles durante la jornada.

Sin embargo, el papel de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de colectivos, se mantiene en duda, ya que la dirigencia del gremio aguarda el resultado de la negociación paritaria que tendrá lugar mañana con las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo. Fuentes cercanas a la UTA señalan que la presión del gobierno para evitar su participación en el paro ha sido intensa, buscando mantener el servicio de transporte de pasajeros durante la protesta. A cambio, el Ejecutivo habría comprometido un aporte de $18.000 millones destinado a financiar un aumento salarial para los choferes, lo que podría inclinar a la UTA a mantenerse al margen de la medida.

La indefinición no se limita a la UTA. Desde la Unión Ferroviaria (UF), su líder Sergio Sassia, sorprendió al insinuar que una eventual privatización de la línea Belgrano Cargas podría tener un efecto positivo. "Puede llegar a ser auspiciosa", dijo Sassia en declaraciones a Radio El Destape, restando importancia a los temores de despidos masivos al afirmar: "No nos consta".

El gobierno apuesta a debilitar el paro no solo presionando a la UTA, sino también evitando declarar la conciliación obligatoria, buscando un enfrentamiento en el cual responsabilizar a los sindicatos ante una ciudadanía agobiada. Según fuentes de la Mesa Nacional del Transporte, “la estrategia oficial se refuerza con la falta de apoyo unánime de la CGT”, donde persisten divisiones internas. Mientras un sector busca evitar la confrontación con el gobierno de La Libertad Avanza, otro advierte que los ataques al sindicalismo podrían desmantelar la estructura de derechos de los trabajadores.

Las razones del paro del 30 van más allá del transporte, incluyendo recortes en las jubilaciones, reducción de presupuestos educativos y el aumento de la pobreza. A estos reclamos se suman los despidos recientes de más de 3.500 trabajadores de la AFIP, lo que ha intensificado la indignación en diversos sectores. Desde la Secretaría de Trabajo apuntaron a la CGT por el fracaso en las negociaciones: “La central obrera no ha facilitado el diálogo”, afirmaron, señalando la cancelación de reuniones claves.

El Frente de Gremios Estatales también se ha movilizado, declarando “estado de alerta y movilización” ante la política de ajuste. Con el despido de 20.000 trabajadores estatales y el cierre de dependencias, el clima de confrontación laboral parece ir en aumento. “Esto no es solo un paro de transporte, es un paro por el futuro de los trabajadores y el Estado”, expresó un dirigente de la Mesa Nacional del Transporte.