Análisis recientes sobre la siderurgia y la agroindustria azucarera muestran problemáticas graves en las relaciones laborales que confirman la alarma de sectores sindicales y convocan a que el tema sea tomado como un punto central en la agenda de política pública. Se trata de dos actividades económicas profundamente distintas, con características y trayectorias específicas y diferenciadas, pero que tienen en común la presencia dominante de empresas y grupos económicos como el ingenio Ledesma, el grupo Techint y Acindar (grupo Arcelor Mittal), con una enorme incidencia política y económica. Tienen también en común el hecho de que los/as trabajadores/as enfrentan una situación muy crítica y se encuentran llevando adelante procesos de organización y protesta sindical para la defensa de derechos fundamentales.

En siderurgia, el estudio sobre tres etapas (mediados de marzo a inicios de abril, principios a fines de abril y fines de abril a fines de junio de 2020) permitió detectar diversas políticas empresariales que implicaron una seria afectación de derechos y parecen mostrar un intento de refundar el conjunto de relaciones laborales en el marco de la pandemia. En primera instancia, hubo intentos por exceptuar actividades de producción del aislamiento y disputas desde las plantas por la aplicación de la política de ASPO, el cuidado de la salud de los/as trabajadores/as y la “esencialidad” de la actividad.

En la segunda etapa, en un contexto de paralización general de la mayoría de las plantas, se consolidó una ofensiva empresarial en base a despidos, suspensiones y rebajas salariales para sus trabajadores/as, con impactos diferenciales en trabajadores/as tercerizados/as y de planta. Hubo respuestas sindicales heterogéneas, con primacía de instancias de negociación en algunos casos y de conflictividad de diferente magnitud, en otros.

En siderurgia, el estudio permitió detectar diversas políticas empresariales que implicaron una seria afectación de derechos y parecen mostrar un intento de refundar el conjunto de relaciones laborales en el marco de la pandemia.

En la tercera, en un contexto de reapertura de actividades productivas en algunas de las plantas que hasta allí permanecían total o parcialmente paralizadas, las empresas impulsaron medidas de condicionamiento como el lockout, amenazas de cierre, despidos de tercerizados/as y avances de flexibilización.

En este contexto, se registraron los primeros casos de contagios en las plantas siderúrgicas y existieron reacciones por parte de los/as trabajadores/as y sus representaciones sindicales, principalmente de base, exigiendo la aplicación de los protocolos previamente acordados y el resguardo de la salud de los/as operarios/as, continuando los conflictos en torno a despidos y suspensiones con recortes salariales.

El estudio sobre agroindustria azucarera parte de registrar transformaciones laborales regresivas en la agroindustria previos al COVID-19, que incluyen la pérdida de puestos de trabajo profundizada en los años del gobierno de Mauricio Macri, la creciente precarización laboral a partir de la expansión de la tercerización y de diversas figuras temporarias y eventuales, una profunda pérdida del salario y la amenaza de cierre de establecimientos.

En este marco, la crisis del COVID-19, que se suma a otros problemas sanitarios como el dengue, con una gran incidencia, tuvo un impacto muy significativo en territorios fuertemente afectados por problemas sociales, de empleo y de pobreza, así como de violencia institucional.

Entre julio y agosto, en la empresa Ledesma, en Jujuy, se registró una fuerte alza de trabajadores contagiados de COVID-19 y muy recientemente varios fallecimientos de trabajadores y pobladores de Libertador General San Martín. Los últimos datos indican un aumento alarmante de casos, con un colapso del ya castigado sistema de salud en esa provincia, marco en el que los/as trabajadores/as del sector reclaman mejores condiciones en los insumos para atender a los pacientes junto a una mejora en las condiciones de trabajo.

Los sindicatos del sector exigen el cumplimiento de la ley por parte de las empresas, ser parte de los Comités de Emergencia que se formaron para enfrentar la pandemia y la elaboración de un protocolo de actuación único respecto a cómo enfrentar el COVID-19 en la actividad, en un contexto de emergencia social, alimentaria y laboral de proporciones en la zona del NOA que demanda atención inmediata.