El Frente Sindical de Universidades Nacionales realizó su primera reunión del año y resolvió convocar a un paro de 48 horas para los días 17 y 18 de marzo por la pérdida salarial de los trabajadores y el “desfinanciamiento estructural” de las casas de altos estudios. Una vez más, tras haber comenzado 2025 con el presupuesto prorrogado se anticipa un año conflictivo para las universidades. “Se pone en riesgo el funcionamiento básico de las universidades”, afirmaron.

Con el fin de delinear la estrategia para este año y “enfrentar la política del gobierno nacional”, el Frente Sindical de Universidades Nacionales se reunió ayer. Está integrado por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

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Según señalaron, las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei han generado un impacto devastador en las universidades nacionales y detallaron los últimos aumentos ofrecidos. “El incremento salarial del 1,5% para enero y del 1,2% para febrero, impuesto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU), continúa profundizando la pérdida salarial acumulada durante 2024″, indicaron.

“El gobierno nacional no solo intensifica la crisis salarial de los sectores docente y no docente, sino también desconoce el ámbito paritario como espacio de discusión en el que se dirimen las diferencias, se encauzan los conflictos y se generan los acuerdos acerca del salario y las condiciones de trabajo”, agregaron.

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Carlos De Feo, secretario general de Conadu, afirmó: “Debido a la falta de diálogo y de respuestas por parte del gobierno nacional a las demandas de la comunidad docente universitaria de reabrir las paritarias y mejorar los salarios, se vuelve imposible comenzar el año”.

Al difundir la medida de fuerza en sus redes, desde Conadu señalaron que “más allá de la buena voluntad manifestada por los gremios, el Gobierno insiste con sus políticas de ajuste que deterioran el salario de los trabajadores”.

La primera marcha universitaria terminó en la Plaza de MayoEMILIANO LASALVIA - AFP

El año pasado, el reclamo por fondos para las universidades nacionales derivó en la primera gran marcha que enfrentó el gobierno de Javier Milei. Luego de la masiva movilización del 24 de abril, que congregó a unas 430.000 según el cálculo de LA NACIÓN, las casas de altos estudios consiguieron la actualización de los gastos de funcionamiento que van desde comprar una computadora hasta proveer papel higiénico: todas las erogaciones por fuera del pago de sueldos.

Luego, el conflicto universitario se centró en el reclamo por la recuperación salarial. Es que los sueldos de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 90% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento rondan apenas un 10%. Con una dinámica similar al anterior reclamo, el pedido por la recomposición salarial no solo lo impulsaron los gremios, sino que contaron con el apoyo de los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y también buscaron visibilizar la problemática para que se involucre la sociedad civil. Y convocaron a la segunda marcha federal en octubre pasado para pedir por la Ley de Financiamiento Universitario, que vetó.

Por segundo año consecutivo, este año el Gobierno tampoco cuenta con una Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso. Al igual que tantas otras áreas del Estado, las universidades comenzaron 2025 con el presupuesto 2023 prorrogado. “Sin ley de presupuesto para 2025, las universidades quedan otro año más sin un horizonte presupuestario claro y con ello se afectan aspectos sustantivos como el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes y, en general, se pone en riesgo el funcionamiento básico de las universidades”, apuntaron en el comunicado difundido por los gremios.