Por Nicolás Balinotti

La masividad que exhibió la CGT con su primer reclamo callejero contra el Gobierno por el descontrol inflacionario no se condice con su poder de influencia. El músculo sindical tuvo vigor para movilizar miles de trabajadores, pero no logró mostrar una postal de unidad demoledora que fuerce al oficialismo de turno a sentarse a negociar sí o sí con los gremios, como ocurría en otras épocas. “Dejamos hace mucho de ser un factor de poder y solo somos un factor de presión”, se resignó un dirigente de mil batallas.

El triunvirato de mando que integran Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña caminó unido apenas tres cuadras, solo para la foto. Ni siquiera en la conferencia de prensa posterior lograron unificar discursos y posturas. En la dispersión, el camionero fue el que a priori sacó la mejor tajada: montó un acto propio y se posicionó como el duro, con advertencias al Presidente, a los empresarios y a la oposición. Trabaja para quedarse en soledad al frente de la CGT en 2023, cuando los posicionamientos electorales ayuden a blanquear la división que existe hoy en los hechos a pesar de la reunificación concretada hace apenas nueves meses.

Los gremios mayoritarios que llevan hoy las riendas de la CGT son “los Gordos” (grandes gremios de servicios), cuyo referente es Daer, y el sector autodenominado “independiente”, que integran Gerardo Martínez (Uocra) y los estatales Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (AySA). Ellos son capaces de todo para evitar un nuevo avance de Cristina Kirchner. Una ironía del destino: junto con ellos Cristina orquestó el plan en 2012 para desbancar a Hugo Moyano, que por entonces era opositor.

“Los Gordos” e “independientes” son los que sostienen hoy a Claudio Moroni en el Ministerio de Trabajo de la Nación, los que se resistieron a la reforma del sistema de salud que impulsó La Cámpora y son ellos los que apuestan a Sergio Massa o “a algún gobernador que no sea Kicillof” para competir contra el kirchnerismo en una eventual PASO del Frente de Todos. Marcharon el miércoles con su incomodidad a cuestas, cuidándose de no agredir al ministro de Economía ni al Presidente.

La construcción de Pablo Moyano, que no tiene el aval por completo de su padre ni de sus hermanos, es a la inversa. Reunió en su frente a los gremios que no comulgan con el liderazgo de Daer y de los “independientes”, tejió una alianza con una de las vertientes de la CTA y, aunque con cierta desconfianza, frecuenta cada vez más a dirigentes de La Cámpora, entre ellos a Máximo Kirchner. Visitó hace tres semanas a Cristina en su despacho del Congreso y se acordó allí lo de una suma fija por decreto, algo que no pasó el filtro de sus colegas cegetistas. Asistió al Senado con Walter Correa, el jefe del gremio de los curtidores y flamante ministro de Trabajo bonaerense. Ultrakirchnerista, Correa aporta su tropa de militantes a la custodia permanente del Instituto Patria, el retiro favorito de la vicepresidenta. En los pasillos sindicales circulan versiones de que el servicio se “pagó” con la renovación de su banca como diputado nacional. Aseguran que con su llegada al gabinete de Kicillof se acabó la moderación, como reclamó Andrés Larroque en los días más turbulentos del Frente de Todos. La designación de Correa, que no fue aceptada con agrado por “los Gordos”, acorrala a Moroni, uno de los últimos albertistas a quien el kirchnerismo ya le busca reemplazante.

El deseo imposible de la tropa de sindicalistas kirchneristas es no quedar pegado al ajuste que instrumenta Massa, quien tomó el control de la economía fruto de un pacto entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Uno de los interlocutores sindicales de la vicepresidenta le insinuó en una charla reciente que ella debía ser la candidata en 2023. “Está comprobado que los experimentos no funcionan”, le dijo. En La Cámpora piensan parecido.

En una eventual fractura de la CGT, los gremios alineados con el kirchnerismo quedarían en minoría de congresales ante “los Gordos” y los “independientes”. Es un ajedrez prematuro, pero los cálculos ya se hicieron en varias servilletas. Surge una alerta. La brecha se achicó en los últimos meses. Desplazado Antonio Caló, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tomó distancia de Daer, Rodríguez y Martínez. Sucedió lo mismo con el ruralista José Voytenco, que se acercó al moyanismo más por una disputa legal con Moroni que por convicción. El último enroque es el del estratégico gremio de las telecomunicaciones. Osvaldo Iadarola, el jefe desde 1997, falleció hace dos semanas y la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (Foetra) quedó al mando de Claudio Marín, un militante kirchnerista muy activo en la ciudad de Buenos Aires e integrante de la CTA que encabeza Hugo Yasky. Una de las primeras medidas de Marín al frente de la Foetra fue nombrar a un representante propio en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). La maniobra se interpretó como un intento de cambiar el perfil dialoguista que siempre mantuvo Iadarola, quien había congelado la disputa por los bonos acordados cuando se privatizó el servicio, además de evitar judicializar la fusión Cablevisión-Telecom pese a los reclamos por parte de la izquierda, que tiene la representación minoritaria en su gremio. Un tema sensible que podría reavivar de alguna manera el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín.

El sindicalismo se encuentra en una encrucijada en medio de la crisis. Mientras tolera en silencio el ajuste y el dramático deterioro salarial, observa expectante un eventual resurgimiento de Cristina Kirchner, como lo impulsa un sector, el incierto despegue de Massa o el probable regreso de Juntos por el Cambio en 2023.

Reforma laboral y representatividad

El laboratorio ideal para distinguir el choque de modelos es el Congreso. En la comisión de Legislación del Trabajo que preside la camporista Vanesa Siley conviven proyectos de reforma laboral que están en las antípodas. El bancario Sergio Palazzo, otro de los diputados de extracción sindical que responde a la vicepresidenta, empuja tres iniciativas que están hoy en debate: la reducción de ocho a seis horas de la jornada laboral legal; extender el plazo de preaviso en caso de cesantía, y ampliar de dos a cinco años el tiempo de prescripción del reclamo por despido. El empresariado observa las tres iniciativas con desconfianza y rechazo.

La oposición, en cambio, planteó la necesidad de reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, como el que tienen los albañiles de la Uocra, un oficio de características particulares porque los contratos suelen ser temporales. La reforma laboral será uno de los ejes de debate de la campaña del año que viene. Sin embargo, la falta de insumos por la escasez de dólares acelera cambios obligados en algunas industrias que debieron suspender personal con reducción de salarios, adelantar vacaciones o reinventar tareas.

La encrucijada en la que están los gremialistas es también de representatividad. La mayoría de los dirigentes lleva entre una y tres décadas en el poder sin siquiera revalidar por completo su liderazgo. No hay gremio que en sus elecciones haya superado el 50% de participación. “El promedio es del 20%”, confió un dirigente de la CGT que hace unos años innovó con el voto electrónico en su organización. En el país hay 1.200.000 docentes, de los cuales la mitad estás sindicalizados, según fuentes del sector. Y un antecedente reciente: el 11 de agosto pasado se eligieron autoridades en la CTA Autónoma y sobre un padrón de 1.300.000 personas, votaron alrededor de 400.000. Es decir, un 30%. Los proyectos de democracia sindical y límite a los mandatos que alguna vez impulsó el moyanismo quedaron en letra muerta.

Mantiene hoy unida a la CGT el temor a que una inflación anual de tres dígitos se los lleve puesto. La inestabilidad que desató la salida de Martín Guzmán reforzó la confusión. Hubo dirigentes que aplaudieron a Silvina Batakis cuando condicionó la creación de puestos de trabajo a los viajes al exterior a pesar de que la cúpula cegetista estuvo un mes en Ginebra, que Lingeri viajó a Madrid para retomar un tratamiento médico por varices o que Pablo Moyano con una numerosa tropa de transportistas cruzaron el mundo para participar de una audiencia pública con el papa Francisco en el Vaticano. Perder “el derecho a viajar”, como diría la fugaz ministra, es otra de las preocupaciones de los jefes sindicales.

Resignada y sin una consigna ni un destinatario claro, la CGT marchó dispersa y en defensa propia. En la reunión de consejo directivo previa a la movilización, se cantó irónicamente el cumpleaños por haberse cumplido 12 meses de una promesa incumplida del Presidente para que el Estado absorba los gastos de las coberturas de discapacidad de las obras sociales sindicales. Todos rieron ante la decepción. Da la sensación de que Alberto Fernández no hace nada con las cosas y que las cosas van haciendo sobre él. Para los gremios, la palabra presidencial está tan devaluada como el peso. Temen también que a él se lo lleve puesto la inflación.