La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) presentó un amparo judicial solicitando la inconstitucionalidad de la Ley 27.743, recientemente implementada por el gobierno de Javier Milei. Esta ley restablece el denominado "impuesto a las ganancias" para los docentes, revocando la legislación previa que había derogado dicho tributo en septiembre de 2023.
Según la demanda, la CTERA argumenta que la normativa impone un mínimo no imponible de $1.800.000 para trabajadores solteros y de $2.340.000 para docentes con dos hijos, cifras que consideran "claramente absurdas y arbitrarias" en comparación con la Canasta Básica Total, que en junio de 2024 ascendía a $875.000 para una familia tipo.
"El salario no es ganancia. Estamos enfrentando una normativa que perjudica directamente a los docentes y que ignora la realidad económica que enfrentan las familias argentinas," declaró Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA.
En la presentación judicial, la CTERA también reclamó la derogación arbitraria de rubros deducibles como material didáctico, conectividad, ruralidad y gastos de movilidad. "Estas deducciones son esenciales para el desempeño de nuestra labor. La eliminación de estos rubros es un golpe más a la ya deteriorada situación económica de los docentes," añadió Alesso.
La CTERA denuncia que esta medida forma parte de una serie de políticas que buscan desfinanciar la educación pública. Entre estas acciones, se mencionan la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el no pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la supresión del Fondo Compensador Salarial, y la eliminación de programas de conectividad y comedores escolares.
"Seguiremos defendiendo nuestros haberes ante las políticas económicas de ajuste. El gobierno intenta destruir la educación, pero no lo conseguirá," afirmó la dirigente sindical.
Comentá la nota