El pasado viernes 5 de julio tuvo lugar el Encuentro sobre reforma laboral en Argentina co-organizado por la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo (UMET), el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) y la Friedrich-Ebert-Stiftung Argentina (FES) junto a distintos centros de estudios universitarios y sindicales dedicados al estudio del mundo del trabajo.

Uno de los puntos abordados es que no existe una nueva ola neoliberal alrededor del mundo que proponga reformas desreguladoras de las relaciones laborales a la cual debería adscribir la Argentina. Podemos observar en países como España, Colombia o Chile medidas a favor de los trabajadores como reducción de la jornada laboral, extensión de licencias parentales o regulación del trabajo en plataformas de reparto (“Ley Rider”).

Al inicio de la jornada, Darío Romano coordinador del área de trabajo y producción del CEM, manifestó que “el gobierno de Milei agravó los 3 principales problemas que el mercado de trabajo venía arrastrando: la informalidad laboral, las desigualdades (por edad, género y diferencias salariales) y la cantidad de trabajadores bajo la línea de pobreza. A este agravamiento, se sumó la desocupación que hasta el año pasado no representaba una preocupación para los argentinos”.

Para el ex ministro de trabajo, Carlos Tomada, “Nos han lavado la cabeza, nos han convencido que el problema del empleo y del salario son las regulaciones, las instituciones y las organizaciones. Que las 3 cosas obstaculizan el desarrollo económico y social y por lo tanto hay que liquidarlas. Lo cierto es que los problemas de la Argentina en el mercado de trabajo no los resuelve una reforma de las normas o instituciones laborales”.

También se discutió la necesidad de desterrar la idea de que las reformas laborales (sean estas reguladoras o desreguladoras) son el principal vector para explicar la creación de empleo. Para Sebastián Etchemendy hay países como Alemania u otros nórdicos que hoy tienen pleno empleo y fuertes instituciones laborales con negociación colectiva centralizada o despidos regulados. Para el investigador de FUNDAR “la reforma laboral es muy relevante porque puede encauzar el crecimiento del empleo hacia puestos de trabajo de mayor calidad. También ayuda a sortear mejor las crisis económicas o shocks externos para no perder empleo ni empresas.”

Según destacaron, la denominada “Ley Bases” hace todo lo contrario a una reforma laboral inclusiva al promover figuras deslaboralizadoras como los “colaboradores” que pueden ser contratados por trabajadores independientes. Esto, lejos de generar más empleo, lo que fomenta es la formalización de la precariedad laboral existente.

Para Mariana González, de CIFRA-CTA, es necesario incorporar una mirada de “clase” si se pretende avanzar en un cambio de la normativa laboral en favor de los trabajadores sin buscar satisfacer a los empresarios ya que estos no buscan una reforma consensuada. Por eso, es necesario pensar una reforma que pueda ser defendida por los y las trabajadoras, que sirva para dar el debate pero sin dar concesiones de entrada.

Continuó Ana Castellani, del CITRA (CONICET-UMET), afirmando que es importante pensar en términos de objetivos cuántos trabajadores que hoy son monotributistas podrían incorporarse como trabajadores asalariados registrados bajo convenio colectivo, como forma de encauzar empleo a puestos de trabajo de mayor calidad. Como ejemplo, la situación de los trabajadores de plataformas. También es necesario armonizar la situación de los trabajadores públicos entre los que dependen de la ley de empleo público y los que dependen de la ley de contrato de trabajo como forma de igualar condiciones.

Por su parte, Ariel Lieutier del Instituto de Economía y Trabajo manifestó que es importante diseccionar la figura del “monotributista” entendiendo que abarca un universo muy heterogéneo que mezcla empresarios o emprendedores con trabajadores y que solo se trata de un instrumento de registración y tributación, pero no una modalidad laboral. Además enfatizó la necesidad de generar esquemas de coordinación salarial con variables macroeconómicas como forma de atenuar los programas de ajustes que terminan afectando los ingresos de los trabajadores.

Raúl Ferrara de Fundación UOCRA resaltó que cuando se debate sobre reforma laboral se suele hacer hincapié en la falta de productividad del trabajador argentino como una forma de discutir el costo laboral cuando la realidad es que la productividad también depende de la inversión privada o la infraestructura y obra pública. Por otro lado, desmitifica que los convenios colectivos de trabajo son obsoletos ya que si bien hay muchos que han sido constituidos en los 70, se han ido actualizando a lo largo del tiempo. Por eso es necesario hacer un relevamiento y mostrar de cara a la sociedad qué convenios se han modificado en su integralidad y cuáles se han ido actualizando.

Para Eduardo Donza del Observatorio de la Deuda Social (UCA) y María Inés de CITRA (CONICET-UMET) es necesario abordar la problemática de los trabajadores ocupados incluidos dentro de la economía social y popular, entendiendo que es un sector marginado de los derechos laborales y que requieren políticas de registración más allá de existir trabajadores (como los vendedores ambulantes) que resisten a la formalización laboral y prefieren mayores grados de “libertad o autonomía”.

Por último, se hizo hincapié en que los cambios en las normas laborales sean discutidas entre los representantes de los trabajadores y de los empleadores en el marco del Dialogo Social, en instancias de participación institucionalizadas para que las mismas perduren y sean estables, teniendo en claro que si bien puede haber concesiones de un lado y de otro para mejorar la normativa laboral en Argentina, nunca puede ser en detrimento de los derechos alcanzados. Por esta razón, es importante trabajar en una reforma laboral inclusiva compatible con políticas que impulsen el crecimiento económico de nuestro país como condición necesaria para generar empleo de mejor calidad.

Participaron también del evento Gimena Vitali, rectora de la UMET, Matías Barroetaveña, director del CEM, Mónica Sladogna por la FES, Juan Manuel Ottaviano y Federico Pastrana por FUNDAR, Fabián Amico por CITRA y Ariel Saegh por CEPES.