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RODRIGO NÚÑEZ

Ante los cambios bruscos que produjo la pandemia, la informalidad y el avance tecnológico, los tiempos del debate parecen acelerarse y resuena cada vez más un concepto sobrecargado en términos ideológicos: la reforma laboral. Mientras la oposición planea recortar derechos, distintos actores sociales reconocen que se deben imponer cambios en la legislación laboral, pero en el sentido contrario a una visión de derecha.

La sola mención de estas palabras encienden las alertas de los trabajadores y es normal que eso suceda. Históricamente, el término siempre fue asociado a la elaboración de proyectos que tendieron a suprimir derechos y limitar la acción sindical colectiva. De hecho, este fue uno los objetivos que al macrismo le quedó pendiente cuando sucumbió en las elecciones presidenciales de 2019. Pero en cada expresión pública, sus candidatos dejan en claro la ambición de insistir

Generalmente, los grupos empresarios más grandes -en alianza con el ala más conservadora de la política- insiste en que la modificación de la estructura laboral argentina es necesaria para "promover el crecimiento y el desarrollo", "rebajar costos altísimos" y "desarrollar el empleo". Por empezar, estas premisas se materializan como mentiras en la realidad efectiva. De acuerdo a un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), de 13 países que realizaron políticas de flexibilización laboral, 11 vieron reducido su empleo en el orden del 2%, en un plazo de 5 años. 

¿Y si la reforma viene a la inversa?

Cuando se sancionó la ley de teletrabajo en 2020, la ex vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, había deslizado la posibilidad de discutir las condiciones del mercado y legislación del empleo "sin tocar derechos". Tres años después, parecería hasta una falencia grave no debatir nuevas ideas que contemplen mejorar las condiciones actuales.

Voces gremiales sobre la reforma

Mario Manrique es el secretario adjunto de SMATA y secretario gremial de la CGT. En conversación con El Destape, aseguró que "se pueden discutir condiciones especiales a través de los convenios colectivos de trabajo, sin necesidad de reformar las leyes", ya que "cada actividad puede discutir condiciones especiales para nuevos ingresos de acuerdo y a la medida de la actividad que corresponda".

"Entendemos que hay nuevas modalidades como el trabajo en casa, que ya se eligió y quizás haya que mejorar la ley de teletrabajo. Acá lo primero que tenemos que discutir es qué vamos a hacer para crear trabajo, que no pasa por los costos laborales ni mucho menos", enfatizó el sindicalista. En ese sentido, dejó en claro los términos de una posible discusión: "No tomo a la reforma laboral como un cuco... si achicamos la jornada laboral y el trabajador va a seguir cobrando lo mismo, está todo bien; si le damos más días de vacaciones, si vamos a mejorar las condiciones laborales actuales, vamos a discutir una reforma laboral".

"Si nos queremos sentar a ver qué derechos cercenamos para que el empresario diga que tiene que haber inversiones, es un error. Porque en estos últimos años se han hecho muchas inversiones en la industria automotriz, se han hecho miles de inversiones por miles de millones de dólares y no tuvimos que reformar nada. Los salarios que hoy tenemos son los más bajos de Latinoamérica y son uno de los más bajos del mundo, así que hablar de reformas laborales que contemplen quita de derechos no tiene ningún sentido", subrayó Manrique.

Por su parte, el secretario gremial de la CTA Autónoma, Rubén Ruiz, fue más allá en el análisis. Desde su punto de vista, los cambios en la legislación laboral "están ocurriendo aunque no parezca", y los convenios colectivos "también se están revisando". Sin embargo, aclaró que "no siempre son en favor de los trabajadores".

"La cantidad inalterable desde hace varios años de trabajadores registrados es una debilidad para avanzar en sentido positivo. La precariedad laboral de millones de trabajadores es otra debilidad", explicó Ruiz. Y remarcó: "Muchas veces, desde los sindicatos le hablamos a los trabajadores que no tienen derechos. Ese es un problema no menor". 

Para el gremialista, la presión por debatir la reforma laboral "es una oportunidad para develar una estructura económica desigual". En ese sentido, agregó: "Podemos demostrar que el componente salarial no es el problema principal y que los modos de producción están estancados por decisión empresaria y por una parte importante del aparato sindical". Aún así, soslayó que "para discutir una reforma laboral hay un elemento previo: que las empresas abran sus balances".

Cambios en medio del crecimiento de la informalidad

La mitad de los trabajadores y las trabajadoras está, en los hechos, por fuera del alcance de la legislación laboral. Para el director del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín (Cetyd-Unsam), Matías Maito, "es posible introducir una serie de modificaciones que apunten a, básicamente, a mejorar las condiciones de trabajo y actualizar los derechos laborales a una coyuntura nueva, a una coyuntura que presenta nuevos desafíos y que, por lo tanto, requiere un abordaje novedoso".

Entre los temas a debatir, apuntó: "Tenemos una de las jornadas de trabajo más extensas de la región y mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores también involucra la necesidad de actualizar la jornada de trabajo". Según su mirada, "es importante jerarquizar las políticas de formación profesional porque tiene que ser un componente central de cualquier estrategia de desarrollo inclusivo".

"La formación profesional es importante tanto para incluir a los trabajadores que están en la situación de mayor vulnerabilidad, como también es importante para acompañar el crecimiento de aquellos sectores que tienen mayor potencialidad para el desarrollo económico de nuestro país, me refiero al litio, me refiero a energías renovables, es necesario formar los perfiles que esos sectores demandan y para eso es necesaria una verdadera política de Estado que acompañe esos procesos", reflexionó Maito. Para el director del Cetyd, hay "muchos puntos pendientes que la legislación laboral sería deseable que acompañe", pero "de ninguna manera la orientación de esas novedades legislativas tiene que ser en el sentido de reducir derechos".

Las cargas impositivas sobre el salario suelen ser el principal motivo del sector empresarial a la hora de bregar por la reforma laboral. Pero el índice de los países con los impuestos sobre el trabajo más altos refleja otra realidad: Bélgica es el primero con 52,7%, lo siguen Alemania con 49,5%; Italia con 47,9%; y Francia y Austria con 47,6%. Argentina no forma parte del lote principal (se ubica 17 con 31,9%).

Otra voz en favor de una reforma es la del director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social, Pablo Chena. Su visión parte del diagnóstico del mercado laboral actual: "La mayoría de  la informalidad no proviene de un trabajo en relación de dependencia, sino que se informalizó una nueva forma de trabajo que se fue inventando de forma individual o colectiva como alternativa a la falta de empleo en relación de dependencia". 

Para formalizar este universo, se "necesitan nuevas formas institucionales", afirmó Chena a este medio. El Estado formaliza la relación de dependencia, pero "tiene pocas herramientas para hacerlo con autogestiones de trabajo", agregó. 

"Frente a una reforma neoliberal, proponemos crear nuevas instituciones que formalicen el trabajo por cuenta propia de manera masiva. Un blanqueo de todo este trabajo informal, una registración masiva a través de un instrumento que no debe tener costo fiscal en primera instancia, ni para la persona ni para el Estado", explicó el funcionario. Esa herramienta podría ser un "gran monotributo temporal". De esa manera, "se van a registrar ocho millones de personas que se han autogenerado su propio trabajo, de los cuales cuatro millones ya están inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular", cerró el funcionario.

Los testimonios abogan por el debate. La historia argentina está caracterizada por reformas laborales que ya supieron ser progresivas; como las de principios del siglo XX. El desafío actual es retomar esa tradición sorteando los obstáculos que impone la espada que presiona cada decisión económica profunda: la severidad del acuerdo con el FMI.