El Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma expone en su último informe las implicancias del proyecto legislativo denominado “Ley de promoción de inversiones y empleo”, presentado por 15 diputados del bloque de La Libertad Avanza. Esta propuesta contiene modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que, según el informe, responden a demandas históricas de los sectores empleadores y plantean serias consecuencias para los derechos de los trabajadores.

Renuncias a derechos adquiridos

Una de las modificaciones más controvertidas radica en la eliminación del principio de irrenunciabilidad. La propuesta permitiría a los trabajadores renunciar a derechos superiores a los mínimos legales o convencionales establecidos en sus contratos individuales, exponiéndolos a aceptar reducciones salariales o la pérdida de beneficios adicionales bajo presión. Este cambio afectaría particularmente a trabajadores fuera de convenio, quienes quedarían limitados a los pisos establecidos por la legislación.

Cambios unilaterales en condiciones laborales

El proyecto también busca retroceder a la normativa de 1976 en cuanto a las condiciones de trabajo. Actualmente, los empleadores no pueden introducir cambios que alteren aspectos esenciales del contrato sin justificación razonable. Sin embargo, la reforma eliminaría la posibilidad de que los trabajadores demanden la nulidad de estos cambios, dejándoles como única opción considerarse despedidos y reclamar una indemnización.

Salarios precarizados y bonos no remunerativos

La propuesta reintroduce el uso de bonos no remunerativos, eliminados en 2007, como mecanismo de pago parcial de salarios. Esto podría impactar negativamente en el cálculo de aportes a la seguridad social y otros beneficios laborales. Además, se amplía la lista de conceptos no remunerativos para incluir beneficios como servicios de internet o membresías de clubes.

Flexibilización de vacaciones y jornada laboral

El proyecto plantea flexibilizar las licencias anuales, permitiendo su fraccionamiento en períodos de una semana y su otorgamiento en cualquier momento del año. Asimismo, elimina límites claros para la jornada laboral, permitiendo negociaciones colectivas que podrían incluir contratos de cero horas y horarios sin previsibilidad, condicionando severamente la vida personal de los trabajadores.

Endurecimiento en licencias por enfermedad

Se establece un nuevo mecanismo de revisión para certificados médicos, a cargo de peritos oficiales designados por el Ministerio de Capital Humano. Esta medida podría generar tensiones entre empleadores y trabajadores, además de cuestionar la autonomía de los médicos personales.

Pago en cuotas de sentencias laborales

El proyecto habilita a las PyMES a abonar sentencias por juicios laborales en 12 cuotas, una prerrogativa exclusiva para ellas en su carácter de empleadoras. Según el informe del IEF, esto supone un trato desigual que beneficia a los empleadores en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Tercerización en el ámbito rural

En el sector agrario, la reforma facilitaría la tercerización laboral y dificultaría la responsabilidad del empleador principal por incumplimientos de las obligaciones laborales. Este cambio refleja una continuidad con las reformas planteadas para trabajadores comprendidos en la LCT.

Una reforma con foco en los intereses empresariales

El análisis del IEF concluye que el proyecto legislativo representa un retroceso en materia de derechos laborales, respondiendo a reclamos históricos de los empleadores. La propuesta no solo precariza las condiciones de trabajo, sino que también amplía las brechas de desigualdad en la relación entre empleadores y trabajadores.