Durante la campaña electoral de cara a estas PASO, en una visita a la localidad de Olavarría, la precandidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich se refirió a sus propuestas en materia educativa, haciendo hincapié en la necesidad de que se garanticen los 190 días de clases anuales. Junto al precandidato en la provincia de Buenos Aires Néstor Grindetti, apuntó directo a los gremios docentes, y adelantó: “vamos a adherir al proyecto para declarar a la educación como servicio esencial”. Se trata de una vieja propuesta del macrismo en la cámara de Diputados, que busca limitar la posibilidad de paros como en rubros como la atención médica, algo que las leyes internacionales no aceptan.

Para la dirigencia sindical, este tipo de propuestas, que se replicó hace unos días en el subte, tiene la clara intención de “cercenar el derecho a protestar”, y adelantan que hay fallos nacionales que rechazan esta posibilidad. En estos años, todos los gobernadores buscaron este tipo de medidas, incluso Daniel Scioli.

Si bien Bullrich y Grindetti no dieron mayores detalles, todas las miradas apuntaron a la propuesta de Alejandro Finocciaro, ex ministro de Educación durante el gobierno de Mauricio Macri, que como diputado nacional presentó la denominada “Ley de continuidad del aprendizaje y derechos que protege la escuela”. Según la iniciativa elevada al Congreso a comienzos del 2022, el sistema de educación obligatoria nacional -desde nivel inicial hasta la secundaria- “pasaría a ser considerado un servicio esencial al igual que los hospitales, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control del tráfico aéreo”.

Eso implica que “se debe garantizar una prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”. Uno delos argumentos usados para limitar las huelgas es que desde la vuelta a la democracia al año pasado, se perdieron 10.092 días de clases por medidas gremiales, según un informe del gremio porteño SEDUCA.

Para Gustavo Salcedo, secretario Gremial de UDOCBA, “las declaraciones de Bullrich y Grindetti, como las que ya realizaron otros sectores opositores como el que representa Javier Milei, dicen muy claramente que quieren limitar el derecho a huelga, e ir más allá y modificar la estructura sindical, para debilitarla”. En diálogo con Data Gremial, Salcedo adelantó que si alguna de estas fuerzas gana en octubre “van a hacer todos los esfuerzos posibles para hacer estos cambios contra la actividad sindical”.

Para el dirigente, en ese escenario “será muy difícil el desarrollo delos trabajadores y de la actividad sindical, este tipo de dirigentes no entienden que lo que estamos haciendo desde los gremios es defender los derechos de los compañeros”. Desde que se comenzó con este tipo de propuestas, que tiene su correlato en la legislatura de la provincia de Buenos Aires con iniciativas similares, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se mostraron contrarios a esta propuesta porque “cercena el derecho a huelga”.

Lo que dice la ley

Como sucede con el transporte público, la declaración de esencial de la educación tiene un trasfondo vinculado a la actividad sindical, que el macrismo suele atacar. En este momento, quien establece la esencialidad de una actividad un comité nacional, que se rige por la ley 25.877. en su artículo 24 establece los servicios esenciales que deben sostenerse más allá de una huelga, que incluye en este momento a “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y la distribución de agua potable, la energía eléctrica y el gas, y el control del tráfico aéreo”. Hace unos días, el candidato libertario en CABA Ramiro Marra pidió declarar esencial el subte, y ahora los precandidatos macristas apuntan a la docencia.

En este sentido, desde SADOP, gremio de los docentes privados, recordaron que en 2017 la Corte Suprema de Justicia ya declaró inconstitucional un decreto que declaraba la educación básica e inicial como esencial, cerrando la discusión legal. El fallo, que fue en respuesta a una presentación de esa entidad sindical, rechazó una iniciativa del año 2000, “por transgredir el derecho de huelga”. La misma se intentó poner en marcha por el decreto 843/00, que fue llevado adelante por Bullrich como ministra de Trabajo.

“La esencialidad de la educación es algo así como una ‘línea preciada’ del macrismo y de Patricia Bullrich, y es compartida por otras fuerzas políticas”, analizó el dirigente del gremio porteño Ademys Jorge Adaro. “Gobernadores como Gerardo Morales comparten esta idea, y en Santa Cruz se acaba de tomar una medida de estas características”, le dijo a Data Gremial. Ante los reiterados conflictos, en algunas provincias la idea surge con fuerza. Hace unos días, en escuelas de Ushuaia padres se reunieron con directivos para analizar esta posibilidad. Se quejan que ya van 49 días sin clases.

Larga pelea

Desde hace años que la discusión de la esencialidad de las clases recorre el país, desde aquel decreto de Bullrich durante el gobierno de la Alianza hasta el proyecto de Finocchiaro. En todos los casos apuntaron al derecho a huelga, bajo el argumento de sostener los servicios de comedores escolares o cumplir con la ley que establece un piso de 180 días de clases. Incluso Daniel Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires se metió en la discusión. El entonces vicegobernador , Gabriel Mariotto, dijo: “Debe declararse a la educación un servicio público esencial y reglamentar el ejercicio a huelga en dicho sector”. Y agregó que la educación “en su condición de derecho humano esencial, es también un servicio público esencial (…) por lo tanto su suspensión, aun en virtud de legítimos reclamos de los docentes, es en sí misma una vulneración al mismo derecho que el reclamo dice custodiar”.

En el mundo, la discusión sobre la posibilidad de declarar servicio esencial la educación está de alguna manera saldada. Según los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y por lo tanto tienen rango constitucional, el dictado de clases no está dentro del grupo que pueden catalogarse como esenciales y que por lo tanto deben limitar la posibilidad de paralizar las actividades.