Carlos Alberto Acuña, miembro del triunvirato de mando de la CGT, recibió una mala noticia por parte de la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones revocó su sobreseimiento en una causa en la que fue investigado por activar bloqueos en estaciones de servicios de manera simultánea en la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, Lomas de Zamora y San Pedro en diciembre de 2021.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº58 había dictado en septiembre de este año el sobreseimiento de Acuña, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), acusado por coacción. El viernes pasado la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revirtió ese fallo y ordenó procesar al sindicalista. Acuña será investigado por el cargo de coacción, estableciendo que los límites del derecho a la protesta deben respetar los derechos de terceros, como el libre acceso a establecimientos comerciales.

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El conflicto se originó en una manifestación del 21 de diciembre de 2021, en la cual los trabajadores habrían obstaculizado la entrada a una estación de servicio en Buenos Aires. Según la denuncia, la protesta fue organizada no por un conflicto laboral directo con el establecimiento afectado, sino como una táctica de presión durante la negociación salarial de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA). Acuña no participó en persona de las protestas, según declaró en su indagatoria. Resaltó que no se produjeron disturbios, que habían dejado libre un carril de acceso al establecimiento y que la medida consistió en “asambleas pacíficas”. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con el sindicalista, un aliado directo de Luis Barrionuevo.

La querella alegó que se trataba de un bloqueo y despegó a los empleados de la estación de servicio. “Se trataba de una colisión de derechos de raigambre constitucional y que la actividad de su representada [uno de los propietarios de las estaciones afectadas] se vio totalmente paralizada y que sus empleados eran ajenos a la acción mientras que los que tomaron parte en ella eran personas desconocidas para la empresa y fueron organziadas por el sindicato”, señaló la querella, a cargo de Florencia Arietto, actual legisladora bonaerense de una fuerza aliada a La Libertad Avanza.