Aunque no hubo discurso ni acto, los secretarios generales de la Confederación entregaron un petitorio en el CD en contra de las medidas de Milei.
Por: Pablo Álvarez.
Una muestra masiva de disconformidad hacia las medidas que planea tomar en régimen laboral el gobierno de Javier Milei dejó en evidencia la CGT Regional Bahía Blanca con la marcha del miércoles pasado.
Una convocatoria pocas veces vista antes tuvo el llamado de los gremios locales a manifestar contra lo que consideran un avasallamiento de derechos laborales adquiridos por muchos años de lucha sindical.
De este modo, la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Bahía Blanca, con sus máximos referentes a la cabeza, decidió sumarse al paro general programado en todo el país.
Varias columnas de trabajadores, pertenecientes a la gran mayoría de los gremios que tienen injerencia en nuestra ciudad (Camioneros, Empleados de Comercio, UOCRA, Municipales, Bancarios, SMATA y Sanidad fueron los que mas trabajadores convocaron), recorrieron las calles céntricas por poco menos de una hora.
Al finalizar, los secretarios generales de la Confederación local (Roberto Arcángel, Miguel Aolita y Carlos Boer) hicieron entrega de un petitorio a la presidenta del Concejo Deliberante, María Teresa Gonard.
La movilización gremial fue acompañada por diversos espacios políticos, sociales y organizaciones barriales que se oponen al DNU y a la Ley Omnibus que planea instrumentar el presidente Javier Milei.
La columna principal partió desde Mitre y Rodríguez (sede de la CGT), otra desde la sede de Camioneros en calle Corrientes y una tercera de calle Saavedra (UOCRA y Sanidad), mientras que la de las organizaciones sociales llegó desde Colón y Estomba.
“Fue una gran convocatoria. El pueblo trabajador está preocupado y creo que lo dejamos en evidencia con esta multitudinaria movilización”, analizó Miguel Aolita, de los mercantiles.
“Esta movilización fue de carácter gremial y no política. La hicimos porque creemos que tanto el DNU como la Ley Ómnibus van en contra de los derechos de los trabajadores. Le dijimos al gobierno que no vamos a permitir que el derecho del trabajador sea avasallado”, añadió Arcángel.
“Lo que estamos haciendo es defender los derechos legítimos de los trabajadores. Entendemos que el gobierno electo ganó en buena ley y respetamos la gobernabilidad, pero no estamos de acuerdo con el drástico proceso de cambio que pretende implementar, vulnerando no solo los derechos de los trabajadores, sino también nuestra soberanía”, agregó Boer.
Inmediatamente, Aolita explicó los motivos del paro y la movilización.
"Nunca se tomaron decisiones tan drásticas para la clase obrera en tan poco tiempo después de asumir".
Y añadió: "con el gobierno anterior, aunque se mencionaba un proceso inflacionario, existían paritarias, se podía debatir, se mantenía el poder adquisitivo y se llevaba a cabo una revisión. Ahora, hay quita de derechos logrados en muchísimos años y esto es lo que hace que nos apresuremos a tomar este tipo de decisiones".
"Esta situación es diaria. Venimos del DNU, de la Ley Ómnibus y ahora nos enteramos de un nuevo proyecto para que vuelva el impuesto a las Ganancias. Y con el monto que establecieron, van a pagar Ganancias más trabajadores de los que lo hacían antes. Acá no hay ajuste para la casta, lo están pagando los trabajadores y jubilados", afirmó.
"Nuestro objetivo es que este documento que hicimos entrega en el Concejo Deliberante sea elevado a los diputados y senadores nacionales", informó Aolita.
¿Qué dice el petitorio?
Titulado “que el ajuste lo pague la casta”, el escrito señala: “Una real lectura de la situación que caracterizó los últimos años fue una constante pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos. La propuesta del actual gobierno de mejorar esa situación, estabilizar precios y lograr que esos ajustes sean a cargo de la “casta política” fue el punto neurálgico de apoyo popular“.
“El dictado del DNU 70/2023 y el proyecto de ley enviado al congreso, lejos de impulsar medidas que busquen solucionar los temas mencionados, en congruencia con lo afirmado durante la campaña electoral, fija una reforma laboral que empobrece aún más a los trabajadores, le quita herramientas de defensa para una negociación más justa y licúa sus ingresos al igual que el de los jubilados“.
“Claramente establece medidas que casualmente benefician a poderosos sectores que indefectiblemente obtienen suculentas ganancias sin importar el gobierno de turno, acercándose estos poderes al concepto de CASTA mucho más que los trabajadores y jubilados que en definitiva es a quienes nos condenan a pagar, una vez más, el costo del ajuste. Reconocer un gobierno elegido democráticamente no implica legitimar cualquier medida”.
Y concluye: “Con la expectativa de que el bien común prime sobre la comodidad de beneficiar siempre a los mismos, la saludamos atentamente”.
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