El debut de los comicios para delegados de la policía provincial deparó varias sorpresas en Rosario. Es que el primer candidato y la suplente recientemente electos responden a Apropol, el gremio no reconocido que fogoneó la rebelión de uniformados de diciembre pasado y cuyo líder, Alberto Martínez, es investigado por amenazas extorsivas contra el gobernador Antonio Bonfatti hechas desde un teléfono celular hallado en su propiedad. Además, el voto en blanco se impuso entre los suboficiales.

Miguel Cardozo, primer delegado policial electo, y su suplente, Silvana Sotelo, se desempeñan como secretarios de finanzas y de acción social —respectivamente— del sindicato no reconocido del personal policial.

En el ocaso de 2013, Martínez, secretario general de Apropol, fue denunciado durante la protesta policial por las intimidaciones desde un teléfono móvil de su propiedad que recibió el jefe de la Casa Gris.

Lo propio ocurrió con la organización de ex uniformados, que hace años se reivindica como sindical, por "instigar a una sublevación" de los integrantes de esa fuerza de seguridad en demanda de un incremento salarial y otras mejoras para el sector.

Por entonces, y a través de su página web (www.apropol.org.ar), redes sociales (Twitter y Facebook), correos electrónicos y la distribución de volantes, Apropol convocó a las asambleas con el objetivo de exigir un incremento salarial del mismo modo en que lo hicieron los policías cordobeses. De hecho, las arengas llegaron a interferir la frecuencia de radio de los móviles de la fuerza.

No obstante, sólo se vieron impedidos de participar de los comicios de delegados aquellos agentes con sumarios administrativos o que están imputados en causas judiciales. Eso ocurrió con cinco uniformados bajo investigación de la Justicia federal por la rebelión de diciembre.

Apropol, por su parte, celebró el resultado que alumbró la apertura de las urnas y difundió en su portal que la primera acción a encarar por Cardozo será "discutir salarios, le guste o no al gobierno" santafesino.

La premisa de la organización luce desafiante, teniendo en cuenta la tensa relación que mantiene con la administración socialista tras la revuelta policial y la inmediata réplica judicial por parte de las autoridades.

También porque las funciones de la nueva comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, en la que confluirán los delegados electos, no incluyen el debate salarial del sector.

Potenciando su perfil confrontativo, la organización también advirtió que los delegados promoverán "un frente común" de policías y agentes penitenciarios.

La elección de los representantes de los uniformados, una instancia inédita en la provincia y en la Argentina, permitirá integrar la comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo con trece representantes de ambas fuerzas y otros tantos del Ministerio de Seguridad santafesino.

El objetivo de la comisión es impulsar políticas públicas relacionadas con las condiciones y el medio ambiente de trabajo del personal policial y del Servicio Penitenciario provincial, velar por el cumplimiento de las normas, realizar relevamientos periódicos para detectar y eliminar riesgos y participar y aprobar los programas de prevención para los espacios laborales.

Lo cierto es que 21.752 agentes de la policía y del Servicio Penitenciario fueron habilitados a concurrir a las urnas entre el 21 y el 23 de abril.

Aunque, en ese marco, gran parte de los suboficiales rosarinos votó en blanco dentro de la categoría Agrupamiento Ejecución, que engloba a la mayoría de los uniformados.

Según consignó el Tribunal Electoral provincial en su página (www.tribunalelectoral.santafe.gov.ar), de 7.046 electores sólo votaron 1.868. Y el sufragio en blanco quedó en primer lugar (190), seguido por Cardozo (162).

La lectura preliminar realizada en Seguridad frente al fenómeno registrado en la ciudad aludió a un déficit comunicacional del proceso que acaba de debutar, como también a un escaso conocimiento de los postulantes por parte del electorado.