La situación involucra al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la jefa de Gabinete Florencia Zicavo, el secretario de Justicia Sebastián Amerio y el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, quienes, según los trabajadores, buscan despedir a más de 2500 empleados bajo un esquema de “retiros voluntarios”. Los empleados afectados denuncian que estos retiros, lejos de ser voluntarios, son parte de un esquema de presión en el que se les ofrece aceptar condiciones precarias —como contratos temporales sin indemnización y con pérdida de salario— bajo la amenaza de quedar desvinculados sin ningún tipo de compensación legal.

Los representantes gremiales alertaron que este proceso podría desmantelar el Ministerio, afectando seriamente las áreas de acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y la gestión de trámites registrales. “Es un ataque a la base de los derechos laborales y a la estructura misma del organismo”, indicaron desde el sindicato.

Además, desde la convocatoria denunciaron que la violencia y la presión ejercida sobre los trabajadores ya ha causado tres fallecimientos en la plantilla, marcando esta situación como “una crisis sin precedentes en democracia”. Según un comunicado del sindicato, los empleados enfrentan un clima de presión constante y mensajes intimidatorios que buscan coaccionarlos para aceptar los retiros.

Los trabajadores subrayan que la movilización es clave para frenar los despidos y restablecer un diálogo que permita conservar la estabilidad laboral en un sector fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos. “Este desmantelamiento no solo impacta a los empleados, sino que representa una amenaza para toda la ciudadanía”, advirtieron.

La protesta buscará hacer visible lo que consideran una “grave violación a los derechos laborales y humanos” en el ámbito del propio Ministerio que debería garantizar dichos derechos.