Desde el gremio que lidera Edgardo Llano –APA- consideran la resolución como “intimidatoria, antisindical, ilegal y violatoria de derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional y Convenios Internacionales de la OIT ratificados por Argentina”, vinculados al derecho a la protesta.

La medida de fuerza tenía como objetivo denunciar y enfrentar tanto el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 como el proyecto de “Ley Ómnibus”, el cual esta semana debió volver a comisión ante diversas desprolijidades del Gobierno como no consensuar los votos y no debatir el paquete partido y no en combo explosivo.  Ambas iniciativas gubernamentales son vistas por APA como intentos de someterse a los intereses de grandes poderes transnacionales y nacionales, provocando un empobrecimiento general del pueblo argentino.

APA comunicó la huelga y movilización a sus afiliados, empresas involucradas y la opinión pública con anticipación, resultando en la reprogramación de vuelos y operaciones por parte de las aerolíneas, incluida Aerolíneas Argentinas. A pesar de ello, el gobierno nacional inició acciones judiciales y mediáticas para ilegalizar la medida de fuerza y sancionar al sindicato.

El gremio acusa al gobierno y a ciertas gerencias de Aerolíneas Argentinas de favorecer a sectores empresarios, mostrando una clara orientación en detrimento de los trabajadores y sus derechos. Advierten sobre la destrucción de Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales del sector, expresando su rechazo a la persecución de sus puestos y condiciones laborales.

En un momento en que el DNU 70/23 y la “Ley Ómnibus” se tambalean, APA denuncia un ataque sistemático contra trabajadores aeronáuticos y las empresas nacionales.