El interventor de la Obra Social del Personal de Seguridad Privada Jorge Carlos Alonso, quien fuera designado el 21 de marzo de este año, presentó ante la Superintendencia de Salud su primer informe respecto de la  situación institucional y económica de la entidad. De esa descripción se desprenden una serie de datos que detallan una situación explosiva.

En el extenso escrito, que consta de 332 fojas, se detalla en forma precisa lo acontecido desde el momento en el que ingresó a la Obra Social sindical.

Además de solicitar informes del estado de las cuentas bancarias de la Obra Social, se constató la inexistencia de inmuebles y de automotores a nombre de la OSPSIP.

En el relevamiento de Recursos Humanos, Alonso encontró un «alto número de personal contratado con una antigüedad no superior a los tres meses, superposición de tareas y abultados gastos de mantenimiento de vehículos, siendo que la institución no cuenta con ningún elemento de movilidad».

Además se detectaron «pagos duplicados a algunos prestadores de salud», entre innumerables documentaciones que están en proceso de auditoria.

Lo más jugoso del informe de Alonso es el detalle de lo ocurrido durante la gestión del ex interventor Sigifredo Jorge Banegas. El nuevo interventor detalla erogaciones efectuadas entre el 16/12/2022 al 21/03/2023 mediante transferencias por la suma de 330.915.600 pesos. El monto total es equivalente, en la fecha de la erogación a 1 millón de dólares.

Esos pagos salieron a nombre de la Fundación de Médicos Solidarios de la localidad de Lomas de Zamora, «sin respaldo alguno más que la firma de la Orden de Pago por el interventor cesado».

«Igual modus operandi se replica con otras fundaciones y empresas que tampoco cuentan con facturas que carecen de documentación respaldaría válida y eficaz», detalla Alonso.

A ello hay que sumar gastos mensuales de 14.000.000 de pesos en concepto de seguridad, y 5.000.000 de pesos en concepto de limpieza, «cuando la obra social tiene contratadas para las referidas tareas de limpieza a cinco personas en relación de dependencia».