La modificación del régimen de afiliaciones a Dosuba fue votada a fin de año y entró en vigencia este mes. Los sindicatos docentes Feduba y AGD ya trabajan en amparos para frenar las exclusiones. Las autoridades de la UBA argumentan que la medida se tomó "debido a que Dosuba no escapa a la delicada situación general de los sistemas de salud" y a que "casi la totalidad de las obras sociales de nuestro país" no dan cobertura a los jubilados del sector.
Los sindicatos docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) iniciaron una campaña para denunciar que la institución dejará sin cobertura médica a jubilados y docentes ad honorem, a partir de una resolución aprobada a fines del año pasado. En una votación unánime que contó tan solo con una abstención, el Consejo Superior de la universidad aprobó una modificación del régimen de afiliaciones a Dosuba, la obra social del personal de la UBA, donde se establece que el alcance de la cobertura será para docentes y no docentes rentados, personal con licencia sin goce de haberes, becarios y "jubilados en situación de alto riesgo". La medida se hizo efectiva a principios de febrero y desde el Sindicato de Trabajadores Docentes (FEDUBA) y la Asociación Gremial Docente (AGD) ya trabajan en los amparos para frenar las exclusiones. El rectorado de la UBA advirtió que la medida se tomó "debido a que Dosuba no escapa a la delicada situación general de los sistemas de salud" y explicó que "casi la totalidad de las obras sociales de nuestro país se manejan de este modo", sin dar cobertura a los jubilados del sector.
Aunque el nuevo reglamento de Dosuba no los restringe de forma explícita, omite a sectores previamente alcanzados por el sistema de afiliación. Y sobre esto alertan los gremios. "En el caso de los jubilados, la resolución dice que solamente van a poder seguir los que tengan tratamientos de alto riesgo. Entonces todo el resto no", dice a Página/12 la secretaria general de AGD, Ileana Celotto.
Según el régimen aprobado por el Consejo Superior, se consideran "afiliados jubilados de alto riesgo y/o alto costo" a aquellos que presenten esa condición de forma preexistente al cese de funciones. Asimismo, es Dosuba la encargada de resolver cuáles son las enfermedades incluidas en esta definición. En cuanto a las demás categorías de trabajadores no rentados, la resolución solo menciona a los afiliados con licencia sin goce de haberes y a quienes se encuentren bajo un régimen de pasantías o prácticas, excluyendo a los docentes que trabajan ad honorem.
El órgano de cogobierno de la UBA aprobó la resolución el 21 de diciembre, sobre el final del ciclo lectivo 2022. Celotto afirma que hubo una intención de evitar una respuesta inmediata de los docentes, al tomar la decisión en un momento cercano al receso académico. Por eso, los docentes decidieron difundir un pronunciamiento que, hasta la fecha, lleva 4187 firmas exigiendo la "inmediata derogación" de la medida. Además, convocaron a una asamblea para el 28 de febrero para definir un plan de acción. "La propuesta es que las distintas acciones, que incluyen desde reuniones por unidad académica, campaña de medios y conferencia de prensa con especial intervención de representantes de los sectores afectados, apunten a una gran movilización el 15 de marzo, fecha en que se reúne por primera vez en el año el Consejo Superior", afirmó Celotto.
Denuncias
A mediados de enero, dos docentes denunciaron que se les negó la atención en Dosuba a expensas del nuevo reglamento. Tras la intervención de la dirigencia de AGD, que explicó que faltaba protocolizar la resolución para hacerla efectiva, los docentes fueron aceptados. Sin embargo, esperan una oleada de reclamos a partir de la entrada en vigencia de la norma. "Estamos impulsando amparos con nombre y apellido de todos aquellos docentes jubilables o que les vayan a rechazar la afiliación", aseguró Celotto.
El sindicato Feduba también presentó un amparo colectivo contra la UBA con el fin de declarar la inconstitucionalidad de la resolución. Asimismo, anunciaron que acompañarán las acciones individuales iniciadas por docentes en forma particular. "Desde la conducción de nuestro sindicato justificaron la resolución porque están convencidos de que era la medida que había que tomar para salvar la obra social y que siga funcionando", dijo a este medio un referente de Apuba, el gremio que nuclea a los trabajadores no docentes. A diferencia de otras universidades, en el cogobierno de la UBA no están representados los trabajadores no docentes, por lo que solo cuentan con voz, sin voto. En la sesión del 21 de diciembre, la conducción del sindicato expresó apoyo a una medida que, aunque reconocen que es antipática, estiman necesaria.
La respuesta
Fuentes del rectorado de la universidad aseguraron a Página/12 que la medida se tomó "debido a que Dosuba no escapa a la delicada situación general de los sistemas de salud en nuestro país, y el mundo, que la viene afectando y poniendo en riesgo, junto a calidad de sus prestaciones". Además, sostuvieron que hay un "vacío legal" en la ley de obras sociales universitarias, que deriva en que una gran cantidad de socios jubilados poseen una doble afiliación, a Dosuba y a PAMI en forma simultánea, y utilizan el primero "debido a la buena calidad de los servicios ofrecidos".
En la UBA destacan que la mayoría de las obras sociales sindicales no cubren a sus jubilados, y que la resolución vendría a regularizar esta situación en Dosuba. "Hasta el año pasado la UBA venía realizando un enorme esfuerzo para sostener los servicios a aquellos afiliados activos que pasaban a ser pasivos. Pero esto se volvió insostenible en el tiempo. Casi la totalidad de las obras sociales de nuestro país se manejan de este modo, y los pocos servicios de salud que no lo hacen, les cobran una cuota diferenciada a sus socios jubilados", afirmaron. Asimismo, aseguraron que la medida no tiene carácter retroactivo, por lo que solo afectará a quienes se jubilen de ahora en adelante, siempre que no presenten una enfermedad crónica preexistente.
En cuanto a los docentes ad honorem, afirmaron que "debido a que no aportan a la obra social, no están contemplados en este sistema, como no lo estarían en ningún otro sistema de seguridad social". Por el contrario, los trabajadores con licencia sin goce de haberes y los becarios sí están contemplados en el nuevo reglamento y pagarán una cuota equivalente a un porcentaje del salario nodocente. Hasta el momento, pagaban 1100 pesos, mientras que a los ad honorem se les cobraban 600 pesos mensuales.
Informe: Diego Castro Romero
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