El Sindicato de Obreros del Caucho y Afines (Socaya) vuelve a ser noticia. A fin de año pasado, en el gremio se complicó el recambio de autoridades por la decisión de quien fuera su secretario General, Juan Carlos Ponce, de atrincherarse con su gente tras perder los comicios. Ahora, las novedades son judiciales.

Sucede que las primeras auditorías sobre la extensísima gestión de Ponce en el sindicato parecen explicar la decisión del ex titular del gremio de evitar cualquier tipo de recambio.

Según pudo saber InfoGremiales, además de encontrarse con instalaciones deterioradas, facturas adeudadas y servicios al borde del corte, la nueva gestión del Socaya detectó las primeras irregularidades de peso. Se trata de un millonario gasto en supuestos servicios de catering que debían ser brindados para el gremio y la obra social.

La “empresa” elegida para ese propósito por el propio Ponce, quien autorizaba los pagos con su sola firma, era unipersonal de la señora Elizabeht Estela Fuente. Según constató la flamante Comisión Directiva, la persona en cuestión es una beneficiaria de asignación universal por hijo, que no tiene actividad en la AFIP.

La maniobra ya está denunciada en la justicia. En la presentación legal se adjuntaron facturas sucesivas (por lo que se constata que la “empresa” no tenía otros clientes) al gremio y a la obra social por más de 3 millones de pesos, sólo en el último año.

El proceso de revisión de lo actuado por los conducidos por Ponce recién inicia y desde el entorno de Claudio Streitemberger creen que se encontrarán más artilugios de este estilo con el correr de los días. Las deudas que presentan tanto el gremio como la obra social son millonarias, por lo que dudan de su legitimidad.