La suerte del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la provincia de San Luis no termina de resolverse. Es que tras la intervención que definió el ahora extinto Ministerio de Trabajo el año pasado, todavía hay controversias respecto de la legalidad y la legitimidad de su proceso de normalización.

Es que ahora llegó a Capital Humano una denuncia contra Sandra Andrea Cardella, quien fuera designada en aquel momento como delegada normalizadora. La función de Cardella era «encauzar con celeridad la vida institucional» del sindicato de químicos y petroquímicos San Luis. Algo que, efectivamente, no ocurrió.

La sospecha es que la interventora «jugó» abiertamente para direccionar el control del gremio. «Hemos tomado conocimiento que la Dra. Cardella, lejos estuvo de ser una autoridad imparcial, requisito indispensable para el cargo, sino que por el contrario actuó en connivencia con la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas, cuyo secretario general es Fabián Hermoso», señala el escrito elevado a la Secretaría de Trabajo.

Y añaden: «En efecto, si bien desde un inicio tuvimos conciencia de la parcialidad de la normalizadora para con el sector del Sr. Roberto Marino, candidato a Secretario General de la lista promovida por la FATIQYP, hemos podido acceder a documentos que prueban lo expuesto».

Concretamente presentan una certificación de autoridades del Sindicato químico de Cinco Saltos en el que Cardella figura como Revisora de cuentas.

«Entonces vemos como una delegada normalizadora designada por la gestión anterior del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es una abogada que a su vez integra una comisión revisora de cuentas de in sindicato químico (cinco saltos) y a su vez el apoderado de una de las listas para participar en las elecciones del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de San Luis, es secretario general del mismo sindicato químico que integra la Dra. Cardella y a su vez apoderado de la FATIQYP», agrega la presentación.

Además presentan documentación que señala que Gazzolo y Cardella comparten una sociedad llamada Servicios Médicos Santa Lucía SA. Todo un haz de relaciones que pone en cuestión la actuación de la funcionaria.

«El obrar fraudulento es total y debe ser reparado», añaden y argumentan: «La democracia sindical es un principio que debe protegerse y en autos vemos como se ha tergiversado toda la actuación administrativa a los fines de asegurar un resultado favorable a la FATIQYP conducida por Hermoso»

Con esa argumentación piden que se realice un nuevo proceso electoral imparcial, sin que esté direccionado, bajo una normalización «transparente y democrática».