La intervención, que no mostró orden de allanamiento, fue ordenada por el juez penal de Esquel, Jorge Criado, y el fiscal Carlos Cavallo.

Según denuncian las organizaciones, casi un centenar de efectivos del Grupo Halcón y el GEO, bajo órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, irrumpieron en los territorios con una violencia desmedida. "Esto no es solo una represión, es una política sistemática de hostigamiento y persecución al pueblo mapuche", advirtieron desde las CTA.

En el operativo fue detenida Victoria Dolores Fernández Núñez, acusada de una presunta participación en el incendio del 18 de enero en la Estancia Amancay. Sin embargo, los sindicatos y comunidades indígenas denuncian que la verdadera intención de estos operativos es "garantizar los negocios extractivistas y el avance inmobiliario sobre tierras comunitarias".

Desde las centrales sindicales exigieron el respeto a los territorios indígenas y el cumplimiento de los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. "Defendemos los bienes comunes y la filosofía del buen vivir. No vamos a aceptar que se criminalice a quienes protegen sus territorios", sostuvieron Hugo Yasky y Hugo Godoy, secretarios generales de la CTA-T y la CTA-A, respectivamente.

Esta no es la primera vez que el pueblo mapuche sufre ataques de esta magnitud en la región patagónica. Organismos de derechos humanos vienen alertando sobre un recrudecimiento de la violencia estatal contra comunidades originarias. Mientras tanto, el gobierno sigue sin dar explicaciones sobre el accionar de sus fuerzas de seguridad en la zona.