Una vez más, y con mayor énfasis, el gobierno nacional decidió avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo con el llamado "Modelo Vaca Muerta". Esto consistió en la eliminación de beneficios estipulados para los trabajadores petroleros para el explotación del yacimiento que lleva el mismo nombre.

Enfocados en los "elevados costos laborales" (en criollo: altos salarios), el gobierno y los empresarios se manifiestan decididos a avanzar sobre las conquistas laborales alcanzadas durante 2003-2015 por el movimiento obrero como producto de la negociación colectiva y de esta manera, modificar convenios colectivos a la baja, o en su defecto, avanzar en la modificación de las leyes para que caigan los convenios vigentes y de esta manera, permitir a los empresarios negociar condiciones inferiores a las establecidas en los convenios "vencidos".

En una economía como la argentina en la que el consumo interno representa el 84% del Producto Bruto Interno, durante 2016 la retracción del empleo se explicó por la disminución en la capacidad de consumo de los salarios en un 5,4% y la caída de la industria en un 4,6% (datos tomados del Centro de Economía Política Argentina y del INDEC respectivamente).

La voluntad del gobierno para reducir los "costos laborales" está centrada en dos grandes propósitos: la limitación y el condicionamiento de las paritarias la modificación de los convenios colectivos y la afectación al principio de ultractividad Con respecto al primero de sus propósitos, si se toma en consideración que 2017 comenzó con 300 despidos en la fábrica Banghó, con el cierre intempestivo de la gráfica AGR -propiedad del Grupo Clarín-, con fuertes subas de precios en diferentes rubros como alimentación, combustibles, peajes, útiles escolares, si se contempla que los aumentos previstos para la energía eléctrica en el mes de febrero y que la mayoría de los economistas privados afirman que la inflación anualizada rondará el 25%, se entenderá que la intención del gobierno de que las paritarias cierren en torno al 17% o 18%, es un claro condicionamiento a las paritarias sectoriales que se desarrollarán durante 2017. 

Más allá de esto, hay un dato adverso para las intenciones oficiales que alienta a la dirigencia gremial y a los trabajadores y trabajadoras. Como publica el periodista Mariano Martin en el Diario Ámbito Financiero, el sindicato de Aguas y Gaseosas (FATAGA) cerró una paritaria en el orden del 35% retroactivo a octubre que tendrá vigencia hasta septiembre de este año. Sin dudas un gran precedente de la paritaria docente que tendrá lugar en febrero.

El segundo de los objetivos fijados por el gobierno para atacar las conquistas laborales se relaciona con la modificación de los convenios colectivos en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras y la violación al principio de ultractividad.

La modificación de los convenios puede tener numerosas aristas pero se centran siempre en dos. Al igual que en la década del ´90 y hasta la caída del gobierno de la Alianza en 2001, las paritarias fueron prácticamente inexistentes y estuvieron atadas a niveles de productividad, entonces ¿qué puede pasar? Si la actividad no crece- como suele suceder en economías en recesión como la nuestra- olvidate de discutir aumentos salariales, independientemente de la inflación. Por otra parte, la alteración de los convenios puede consistir en afectar beneficios propios de la actividad.

En aquellos casos en que no se puedan modificar los convenios, el gobierno intentará atacar la ultractividad. ¿Qué es esto? Este principio está consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250 de Convenciones Colectivas. Su sanción data del año 1953 y fue establecido durante el segundo gobierno peronista para el supuesto en que, llegada la fecha de vencimiento de un convenio colectivo, si los representantes de trabajadores y de empleadores no llegan a un nuevo acuerdo, continúa vigente el convenio vencido. ¿Para qué sirve esto? para dar protección a los trabajadores en sus contratos individuales, ya que estos no pueden contener condiciones inferiores a las establecidas en la ley o el convenio de su rama o actividad.

Asimismo, por el principio de progresividad del derecho del trabajo, un nuevo convenio siempre debe contener condiciones más beneficiosas que el anterior. Claro que este principio no rigió desde 1953 hasta la actualidad sin inconvenientes. Tuvo sus idas y vueltas a merced de los gobiernos liberales que siempre intentaron atacarlo. El último intento data del año 2000 con la sanción de la ley 25.250, conocida tristemente como "ley Banelco" por el comprobado pago de coimas para su aprobación en el Senado. Esta ley fue sancionada en un contexto muy parecido al actual de fuerte ascendencia del sector empresario sobre el gobierno y una "necesidad de reducir costos laborales". La ley preveía que, si luego de dos años- en un contexto en el que no había paritarias libres sino que estaban atadas a acuerdos de productividad- las representaciones sindicales de empleadores y trabajadores no arribaban a un nuevo acuerdo, caía el convenio del sector. ¿Qué les permitía esto? pactar condiciones inferiores a las establecidas en el convenio. Un bochorno.

Con la llegada de Néstor Kirchner se sancionaron la ley 25.877 y su decreto reglamentario 1135/2004. De esta forma, fue devuelto a los trabajadores y trabajadoras el principio de ultractividad de los convenios colectivos y las paritarias libres. ¿Qué pasó? como producto de la reactivación de la industria, el consumo interno y la discusión en paritarias libres que permite revisar los convenios anualmente, se generaron 6 millones de nuevos puestos de trabajo entre 2003-2015, a la vez que creció la tasa de afiliación sindical. Sólo para tomar dos ejemplos, el padrón de la Uocra pasó de 70 mil afiliados en 2003 a 450 mil en 2014 y el de la Unión Obrera Metalúrgica de 50 mil a 250 mil nuevos cotizantes.

A diferencia de lo ocurrido durante los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, hoy el gobierno de Macri exhibe como gran logro el "Modelo Vaca Muerta", a la vez que busca extenderlo a otras ramas como la automotriz.

Esto configura un retroceso en los beneficios previstos en el convenio original para el explotación del yacimiento y permite a los empresarios, por ejemplo, pagar únicamente las horas trabajadas y no contemplar las horas de traslados de los trabajadores, momento en el que igualmente el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador.

Observamos nuevamente a un gobierno neoliberal que decide avanzar sobre derechos laborales, principalmente sobre los salarios más altos, petroleros, sector automotriz, metalúrgicos, siguiendo los pasos de su antecedente más inmediato, el gobierno de la Alianza. Sin dudas el contexto no es el mismo, luego de 12 años de fuerte crecimiento económico, recuperación del empleo y poder adquisitivo, la masa de trabajadores y trabajadoras en blanco y sindicalizados configuran un escenario más adverso para la aplicación de medidas de ajuste.

En paralelo, las crecientes muestras de unidad al interior de la CGT como de la CTA, sumado al creciente descontento de vastos sectores de la sociedad, hacen suponer que tanto en los ámbitos de representación institucional, en donde el peronismo tiene mayoría, y en la calle, el gobierno encontrará una férrea resistencia a sus planes de ajuste. A priori, el escenario se configura para que esto no sea sólo una expresión de deseo.