El Gobierno convocó a empresarios y a la Confederación General del Trabajo (CGT) a una reunión clave este jueves para discutir el polémico artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado recientemente por la Ley Bases.
Este artículo, que busca penalizar con despidos con causa las protestas gremiales que bloqueen parcial o totalmente las actividades empresariales, ha generado alarma entre los sindicatos, que ven una amenaza directa al derecho a huelga.
La reunión, organizada por el secretario de Trabajo Julio Cordero, se realizará mañana a las 14 horas en la sede de la secretaría de Trabajo en la Avenida Alem 650. "Es una continuidad de las mesas de diálogo social impulsadas por el Ministerio de Capital Humano", señaló Cordero en el comunicado oficial, que llama a una "mesa de diálogo técnico tripartito" con la participación de representantes de empresarios y trabajadores.
Entre los convocados están la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En representación de los trabajadores, la CGT enviará a sus delegados, aunque en el seno de la central obrera persisten tensiones. Algunos sectores consideran que participar en estas mesas de diálogo puede interpretarse como una "convalidación" de medidas que recortan derechos laborales.
El artículo 242 y la disputa por los despidos con causa
El artículo 242, modificado por la Ley Bases, redefine lo que se considera una "injuria grave" en el ámbito laboral, agregando nuevos motivos que pueden justificar un despido con causa. El punto central de la controversia es la penalización de bloqueos totales o parciales a empresas durante protestas gremiales, lo que podría ser utilizado para despedir a trabajadores que participen en acciones sindicales.
"Se presume que existe injuria grave cuando se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas o cosas al establecimiento", detalla el artículo. Además, contempla sanciones en casos donde se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza o se generen daños en la propiedad de la empresa.
Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, ya había manifestado en julio su rechazo a las modificaciones. "Los artículos tienen una gran vaguedad, cosa inédita en la legislación laboral", afirmó tras una reunión con Julio Cordero. Desde la CGT sostienen que la falta de precisión en el texto legal deja abierta la posibilidad de interpretaciones que podrían perjudicar a los trabajadores y debilitar su capacidad de protesta.
Preocupación por el derecho a huelga
Para la CGT, el principal riesgo radica en que el nuevo artículo 242 se utilice para criminalizar las huelgas y otras formas de protesta sindical. "El riesgo de que se utilicen estos nuevos artículos para socavar el derecho a huelga es real", advierten desde la central obrera, que ha solicitado en varias ocasiones una audiencia para intentar "atenuar los efectos negativos" de la normativa.
El diálogo tripartito de este jueves será un espacio clave para intentar llegar a un consenso sobre la reglamentación del artículo 242, que aún no ha sido implementado por el Gobierno. Mientras tanto, los sindicatos siguen en alerta, preocupados por las consecuencias que podría tener esta reforma laboral en un contexto de creciente precarización del empleo.
Con el derecho a huelga en juego, la CGT se enfrenta a una negociación donde las tensiones entre empresarios y trabajadores se harán sentir con fuerza, mientras el Gobierno busca un punto de equilibrio que evite el estallido de nuevos conflictos.
Comentá la nota