Por: Alfonso de Villalobos.

La imagen positiva del presidente Alberto Fernández llegó a un inédito récord del 93,4% en marzo de 2020, cuando arreciaba lo peor de la pandemia de coronavirus. De entonces a esta parte, sufrió un persistente deterioro que concluyó en el pobre resultado que la coalición oficialista cosechó en las PASO de la semana pasada y que la ubicaron en el tercer lugar.

Del otro lado se produjo un ascenso meteórico del candidato de extrema derecha Javier Milei. El dirigente de la Libertad Avanza no cosechó sus votos exclusivamente entre sectores acomodados y la clase media. Por el contrario, Milei logró penetrar en las barriadas pobres del Gran Buenos Aires y de las grandes ciudades del interior del país y, en especial, entre los sectores más empobrecidos de la juventud.

¿Cómo es posible que una propuesta electoral que se propone eliminar los derechos laborales y la protección social se abra paso entre los sectores más relegados?

Una parte de la respuesta está en los datos oficiales del Indec que marcan la involución de las condiciones de vida y de empleo de los últimos años. Más allá del deterioro del tejido social que se verifica hace décadas, de la pandemia a esta parte, la precarización laboral y el empleo informal han pegado un salto extraordinario.

Al primer trimestre de este año, el 33% de los puestos de trabajo asalariado no estaba registrado y, por lo tanto, sus trabajadores carecían de derechos laborales. Se trata de la tasa más elevada desde 2016, donde arranca la nueva serie estadística del Indec.

Derechos y salarios

La emergencia del trabajo informal resulta más impactante cuando se compara la situación actual con el peor momento de la pandemia cuando, en apenas dos meses, y en el marco de las restricciones a la circulación, los patrones destruyeron casi dos millones de puestos de trabajo asalariados. En la recuperación posterior se crearon 3,1 millones de nuevos puestos de los que 2,3 millones no fueron registrados: el 73% de los puestos de trabajo creados entre el segundo trimestre de 2020 y el primero de 2023 son informales.

El dato resulta sesgado porque la destrucción de puestos de trabajo en el marco de las restricciones sanitarias tuvo un ensañamiento particular entre los trabajadores informales. Por lo tanto, muchos de los puestos que se crearon a posteriori resultaron, en realidad, una reposición de un puesto precario ya existente.

El peso del empleo no registrado en el empleo nuevo ya venía de antes. En el trimestre previo a la pandemia fue del 51%. En definitiva, el deterioro de las condiciones de trabajo y salariales acumula cinco años consecutivos en los que una parte de la fuerza de trabajo ya perdió de hecho sus derechos y, además, sacó la conclusión política de que los responsables de su situación son los últimos dos gobiernos.

Pero esa condición de informalidad que afecta a 5,4 millones de personas no sólo implica la inexistencia de beneficios como la futura jubilación o la obra social sino que, además, exhibe un ingreso salarial muy por debajo de la media de los trabajadores registrados y con un nivel de deterioro mucho más acelerado.

Según el Indec, la caída del poder adquisitivo de ese segmento durante la gestión del actual gobierno llegó hasta el 25,5% que contrasta con la merma del 1% entre los sectores registrados. Por eso, para aquel sector resulta marcadamente más importante poner un freno drástico a la inflación que la defensa de derechos laborales de los que carece y que no avizora acceder en el corto plazo.

Monotributistas

El deterioro del mercado de trabajo y su precariedad alcanza también a los denominados sectores registrados. Allí destaca un avance, en términos relativos, de las diversas formas de monotributo que, la mayoría de las veces, encubren relaciones laborales estables e implican que sea el propio trabajador quien afronte todo el costo de su jubilación y de su cobertura social, al tiempo que se ve obligado a negociar la actualización de sus ingresos en forma individual.

De hecho, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de la Afip, desde diciembre de 2019, cuando asumió la presente gestión, y mayo de este año, mientras el empleo registrado privado se incrementó un 5,3% en línea con el empleo del sector público (5,5%), el número de trabajadores monotributistas creció un 18,2% y quienes acceden al monotributo social lo hizo en un 63,5%.

A escala de una década el fenómeno se visualiza con mayor nitidez. El empleo privado registrado creció apenas un 4,21%, que significa una contracción real con relación al crecimiento vegetativo de la población, y el empleo público, un 22,3%; mientras que el monotributo común lo hizo en un 38% y el social en un 208%. En términos absolutos, en una década, el sector privado explica la creación de 256 mil puestos de trabajo mientras que, bajo las diversas modalidades de monotributo, se registraron 932 mil trabajadores más.

El shock devaluatorio del lunes último agravará las condiciones de los sectores más empobrecidos y, por eso, no resulta el mejor camino para que el gobierno recupere parte de su electorado o seduzca a esa porción que, desalentada por sus condiciones de existencia, decidió no ir a votar.«