Las protestas de gremios, organizaciones sociales y profesionales explotaron la semana pasada en la capital cordobesa y, si bien el derecho a la manifestación está garantizado constitucionalmente, también es cierto que choca contra las disposiciones del aislamiento preventivo y obligatorio.

Llaryora aplica más recortes y el Suoem eleva la protesta

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ratificó este domingo que “no están permitidas las aglomeraciones de personas en general” y evitó hacer declaraciones sobre “los motivos de las protestas”.

“El COE desalienta, por cuestiones sanitarias, cualquier aglomeración, ya sean manifestaciones, reuniones que no sean las familiares, porque existe riesgo de contagio y estamos aún en transmisión comunitaria”, afirmaron oficialmente. 

Sin embargo, más allá del deseo del COE, las marchas y aglomeraciones no se pudieron evitar, incluso a pesar de las sanciones que establece la Justicia para la violación del aislamiento. 

En un principio, el mes pasado la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes) imputó a empleados municipales tras una marcha del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), a choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a comerciantes que realizaron una protesta en la zona del Mercado Sud. 

Pero la realidad es que, según fuentes judiciales, la magnitud de las últimas manifestaciones superó el trabajo de la fiscalía que en los últimos eventos solo se circunscribió a evitar que se produjeran desmanes.

“El criterio no cambió, están prohibidas las marchas”, afirmó una fuente de la sede judicial. 

De todos modos, quedó superada la herramienta empleada por el Ministerio Público Fiscal ante las primeras marchas de cuarentena que consistió en la identificación de manifestantes para proceder a crear un expediente y posteriormente imputar por la violación del artículo 205 de Código Penal que enmarca el delito de propagación de una epidemia. 

Tal es la preocupación por el crecimiento de la protesta que, incluso un grupo de 17 gremialistas propuso esta semana al ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei, la apertura de una mesa permanente de diálogo para resolver conflictos antes de que se produzcan las manifestaciones. Este funcionario, según las fuentes sindicales, se comprometió a incorporar a miembros de las 62 Organizaciones Peronistas al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para revisar estos casos y avanzar en protocolos. 

Por incumplir la cuarentena, imputaron a un grupo de dirigentes sindicales y choferes de UTA

Protestas

La semana que pasó hubo marchas de todo tipo. El Suoem realizó manifestaciones casi todos los días. Comenzó con protestas de inspectores en las oficinas de Inspección General en avenida Sagrada Familia y siguió con intervenciones en las escuelas municipales. En este último caso, docentes se mostraron respetando distancias y utilizando elementos de bioseguridad como barbijos y máscaras. 

Luego, las manifestaciones fueron en crecimiento al compás de las decisiones del Ejecutivo Municipal. Cuando el intendente Martín Llaryora decidió avanzar sobre los interinatos y derogar las patentes de inspectores, el gremio se enervó. Como resultado, cientos de trabajadores municipales repartidos en las calles céntricas sin respetar distancias e intercambiando barbijos por caretas de Salvador Dalí. 

Por otro lado, esta última semana hubo una caravana de los trabajadores del Jockey Club en las instalaciones de la entidad de Barrio Jardín. Además, el miércoles que pasó marcharon hasta el Centro Cívico empleados gastronómicos enrolados en la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos (Uthgra). Los gastronómicos ratificaron que respetaron las medidas sanitarias usando tapabocas. 

Familiares y vecinos de Silva Apaza, la vecina de barrio Congreso asesinada en un asalto, marcharon en la zona sur de esta capital para pedir justicia. 

También, el jueves a la noche hubo una marcha de antorchas de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) en el Polo Sanitario. El viernes, Barrios de Pie marchó hasta el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social y realizó una sentada sobre calle Chacabuco. Ese mismo día, Polo Obrero protagonizó una masiva manifestación en la zona del Patio Olmos. Por si fuera poco, odontólogos organizaron una caravana por Alberdi y el Centro. 

El crimen de Silvia Apaza: marcha en barrio Congreso pidiendo más seguridad

Mesa

El grupo sindicalista aliado al gobierno de Juan Schiaretti mantuvo una reunión con Massei y le propuso integrarse al Comité de Crisis del COE con la participación de dos médicos, Nora Falasconi, secretaria general de Unión Ferroviaria, y Germán Aballay, secretario general del Sindicato de empleados de PAMI. A ellos también se sumaría Carla Esteban, secretaria general de UTA.

Casualmente Esteban es una de las imputadas junto a 20 de sus compañeros por protagonizar una manifestación afuera del Palacio municipal 6 de julio el 22 de mayo pasado. 

La propuesta es que a este comité se incorporen tres secretarios generales más, Aldo Arévalo (Judiciales), Marcelo Díaz (Alecyt) y Walter Gaitán (Sindicato de la Madera) para encargarse de tender puentes entre las autoridades y los gremios. Ante todo, aseguran, “defendemos los convenios colectivos de todos los sindicatos”.

“Estuvimos abordando el tema de que no se puede hacer movilizaciones por el distanciamiento, entonces se hacía necesario tener un canal de diálogo. Se armó otra comisión de conflictos gremiales con el propósito de que sea una comisión para los protocolos, para que haya canales de diálogo”, dijo Falasconi. 

“Nos preocupa que la CGT no existe para todas estas cosas, esta propuesta debería haber surgido de ahí y la estamos haciendo nosotros desde las 62 Organizaciones. Nos pusimos en diálogo con el ministro Massei para ofrecerle al gobernador que haya una mesa de negociación, que haya un diálogo antes de llegar a la represión, al conflicto, a la calle, a la movilización”, agregó la dirigente de Unión Ferroviaria. 

“El derecho de protesta está garantizado por la Constitución, y si bien es cierto que cada uno sale a la calle a reclamar lo suyo, también peligra la salud de todos, hay peligro de brotes, por eso la necesidad de que sea una comisión de diálogo permanente”, anticipó la secretaria gremial de 62 Organizaciones Peronistas, un espacio que agrupa a gremios directamente alineados con Schiaretti.