La respuesta que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) encabezada por Abel Furlán le dio a este medio fue tajante. El bono de $24.000 decretado por el Gobierno de la Nación para el sector privado incluye también a sus metalúrgicos representados y «no hay manera de eludir el pago».

El Gobierno oficializó por el decreto 841/22 el pago en diciembre de una asignación no remunerativa y por única vez a los trabajadores privados en relación de dependencia de 24 mil pesos, y sostuvo que deben percibirlo los empleados que cobran haberes netos inferiores a los 185.859 pesos, pero los empleadores se niegan a pagarlo.

Así ocurrió a fin de año con empleadores de maestranza, estaciones de servicio, garages, estacionamientos y lavaderos. Sin embargo, para el caso de las estaciones de servicio, Carlos Acuña desconoció la postura patronal: «Los trabajadores deben cobrarlo y, las empresas, tienen la obligación de pagarlo. El gremio rechaza la postura contraria a efectivizar esa asignación otorgada por el Gobierno para los empleados privados en relación de dependencia que perciben haberes inferiores a dos salarios mínimos», sostuvo el dirigente del Soesgype en un documento.

Volviendo a los metalúrgicos, este miércoles, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima) le envió un escrito a la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, solicitando que «se revea, en carácter de urgente, los alcances del decreto 841/2022″, a fin de contemplar casos particulares «en que los empresarios pymes no pueden afrontar ese costo».

Camima fue por el mismo camino que las otras patronales y resaltó los acuerdos paritarios ya firmados. El pago del bono que decretó el Gobierno, consideran que «interfieren con acuerdos existentes» y «hacen responsables del pago de un bono a empresarios pymes, que no son los culpables de la inflación, solo sufren sus consecuencias, al igual que los trabajadores».