A días de las elecciones, la Asociación de Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), emitió un comunicado en donde reclaman una serie de medidas para frenar el impacto de las políticas implementadas por el ministerio de Modernización nacional, que apuntaron a reducir el déficit fiscal.

En este contexto, además de la reducción presupuestaria a los organismos encargados de diseñar políticas agroindustriales, se llevaron a cabo despidos en el ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). En el caso del INTA, si bien no fue afectado por cese de trabajadores, sintió el impacto de la reducción de fondos destinados a su funcionamiento.

Entre los puntos que APINTA visibilizó, se destacan el pase a planta permanente de 1.800 trabajadores y la reapertura de negociaciones paritarias. Los gremialistas denunciaron que “nuestro organismo ha sufrido un vaciamiento y un desfinanciamiento solo comparable con el producido durante la década del ´90". Así, remarcaron como puntos negativos el recorte de “fondos para investigar, congelamientos de vacantes y la ofensiva contra el sistema de extensión rural".

Por otro lado, pidieron recuperar 900 vacantes "para un óptimo funcionamiento institucional" respetando un porcentaje del 75% para los grupos apoyo y técnico y 25% para los profesionales; un aumento "de emergencia" con una suma fija de 5000 pesos más 20 ciento de aumento y apertura de la paritaria sectorial.

Desde el organismo gremial encabezado por Mario Romero advirtieron que un “11% de los trabajadores del INTA no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de su grupo familiar”. Tras una asamblea, los integrantes de APINTA redactaron un documento de ocho puntos, que tras las elecciones será entregado al gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre.