Los números denunciados alcanzarían casi a 200 asesores figurando entre ellos ex miembros del Directorio de Scioli-Marangoni, un ex rugbier, Jorge Allen quien estaría cobrando más de 230.000 pesos mensuales o personajes conocidos como Mendilaharzu, abogado de Alejandro Burzaco ligado al escándalo FIFA (hermano de Eugenio Burzaco, Secretario de Seguridad, quien estaría cobrando unos 121.000 pesos mensuales (contrato por 1.452.000 pesos anuales). Es conocido este abogado además por ser contratado en distintas oportunidades por Banco Ciudad y por el Gob. de CABA sin que se conozca contraprestación alguna.

Al respecto consultado Santiago Etchemendi, Secretario general de la CGI del Bapro, Seccional Buenos Aires, expresó: “Hemos verificado los casos denunciados, muchos se pueden corroborar en la página web del Banco, (en compras y licitaciones)”. Pero aclaró “no obstante consideramos que son contrataciones irregulares ya que no se conoce la contraprestación que estas personas brindan a la institución, que además no han efectuado carrera bancaria alguna ni trayectoria en el sector financiero y productivo o tienen a su vez otras actividades que impedirían realizar ambas a la vez. En criollo, son ñoquis políticos” “los trabajadores tenemos expresamente prohibido tener dos trabajos a la vez.”

Etchemendi brindó ejemplos sobre esta situación: “Hemos encontrado casos como el de María Gisela Candarle quien tiene firmado un contrato por 676.000 pesos anuales. Acá no la vimos nunca trabajando y debe ser porque a su vez es Secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales del Consejo de la Magistratura de CABA. Y otro caso muy clarito, no por el monto mensual que cobrara, sino porque se trata de un concejal, es el de Diego Ezequiel Castagnaro, concejal por el PRO en Escobar, kinesiólogo (¿asesor de un banco?), quien tuvo contrato hasta fin de año de 270.000 pesos por 9 meses”.

“Hay cientos de casos, queda claro que la austeridad anunciada por (María Eugenia) Vidales sólo para los trabajadores, pero no para la “casta política” y los amigos del poder. Y que en el Banco Provincia nada cambió con el escándalo de Jorge Triaca. Siguen dilapidando los fondos públicos con sobresueldos y nombramientos de militantes sin idoneidad. Muchos de estos casos son una práctica detestable ya que se trata de tener influencias políticas o pagar empleados propios (secretarios/as, abogados/as, etc.) con los fondos del Banco”, señaló.

“Cabe destacar que esto debería ser impedido y denunciado por el Gerente General del Banco, Daniel Alonso, ya que es el puesto por carrera que debe poner freno a las ambiciones de los políticos que dirigen el banco cada cuatro años. Hay asesores que están ocupando puestos Gerenciales a los que solo se puede acceder por carrera, casos como el de Hernán Stella y Emilia Jaime quienes vinieron de afuera de la mano de la política y se encargan de manejar el presupuesto de publicidad del banco”, agregó.

Y, además, “resulta irónico que ambos han trasladado al delegado de base del sector porque le repulsa lo sindical y persiguen a quienes paran, que además de cobrar 166.000 pesos mensuales no tuvieron ningún pudor en cobrar en diciembre y enero una suculenta suma como resultado de la cláusula gatillo conseguida por la lucha de los trabajadores de planta y el gremio, en paritarias. Deben renunciar, no queda otra”.

“Esta situación de ocupar puestos gerenciales está prohibida por la reglamentación interna, donde se indica los niveles de estudios internos, puestos previos por los que se debe pasar, etc. Un contratado no puede ser Gerente, por eso acá hay responsabilidades que el Gerente General está omitiendo. Debería abrirse una instrucción sumaría interna que normalice la situación ya que no se cumple con el Digesto ni el Reglamento Interno para el Personal, pero nada de esto ocurre debido a las presiones políticas de Curutchet y sus asesores que no tienen límite quienes han “ganado” la complacencia y complicidad del Gerente General para de esta forma frenar a los funcionarios que realmente defienden al Banco Público.”

Mientras el conflicto sigue firme de parte de los empleados, a pesar de los descuentos en sus sueldos, todo se está endureciendo en el Bapro en un conflicto que lleva dos meses y parece no tener fin. El sector gremial dice que seguirá ampliando estas denuncias ya que ven peligrar el futuro del banco de seguir en manos de estos funcionarios manejados por Vidal y especialmente a partir de la sanción de la Ley 15008 que este martes denunciarán como inconstitucional ante la Corte Suprema de la Provincia.