Por Nuria Susmel / Fundación FIEL.

El primer trimestre del año arrancó con 1,5 millones de personas buscando trabajo, 125 mil más que hace un año atrás, lo que terminó resultando en una tasa de desocupación 0.8 puntos más alta que la de aquel trimestre (7.7% vs 6.9%), pero 2 puntos por encima del cierre de 2023, cuando se había llegado al registro más bajo de las últimas tres décadas.

Los datos no son una sorpresa. El nivel de actividad viene cayendo mes a mes desde septiembre del año pasado y en marzo se ubicaba un 8% por debajo de marzo de 2023, todo lo cual llevó a una caída en el empleo.

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares (con una expansión al total del país), en el año se perdieron 60 mil puestos de trabajo, pero si la comparación se hace respecto al último trimestre del año pasado, la pérdida alcanza a 510 mil.

Parte de la caída en el trimestre corresponde a temas estacionales, pero la mayor parte obedece al efecto del ajuste en la economía.

Un hecho que se repite históricamente es que donde primero ajusta el empleo es en el sector informal, y esta vez sucede lo mismo. En el primer trimestre, la caída en el empleo formal (asalariado y no asalariado) fue de 1.4%, mientras que en el sector informal la reducción fue de más del 4%.

Un punto a señalar es que hubo una reducción en la gente que busca empleo. De nuevo, parte de esto se explica por la estacionalidad (los primeros trimestres del año suelen mostrar una menor cantidad de gente buscando empleo), pero otra parte se explica porque la gente deja de buscar empleo al detectar la dificultad de encontrarlo.

Este punto dice que la salida de personas del mercado laboral contuvo el crecimiento del desempleo. De no haber habido caída en la oferta, la tasa de desempleo habría superado el 8%.

La perspectiva para los próximos meses no es alentadora, ya que las señales de recuperación de la economía no son contundentes. A su vez, un rebote no necesariamente señala un sendero de crecimiento a más largo plazo. A ese objetivo se espera que contribuyan las medidas en materia de trabajo contenidas en la Ley Bases.

La Ley Bases retoma el espíritu de lo que estaba en el DNU que, en el área laboral, fue puesto en stand-by por la justicia. Pero lo que llega al Congreso esta vez fue un espíritu reducido: de los 47 artículos originales, quedaron solamente 24.

Se dejaron de lado algunas reformas que apuntaban a los sindicatos, como la eliminación de la ultraactividad, por la cual las cláusulas de los convenios siguen vigentes aún después de vencido el plazo del convenio y hasta su renegociación, lo que genera incentivos a dilatar la misma; la ampliación de los servicios considerados esenciales, que intentaba limitar el alcance del derecho de huelga en esos sectores; la eliminación de tener autorización expresa de los trabajadores para la retención de conceptos legales o convencionales, entre otras.

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De todos modos, quedan puntos relevantes, como la eliminación de “multas” por no registración laboral, multas que significaban una indemnización aumentada para el trabajador y que alentaban reclamos y era utilizado, a veces, como arma de negociación ante una ruptura laboral.

Se mantiene la posibilidad de un blanqueo de personal, la ampliación del período de prueba, la figura del “colaborador” -trabajadores independientes (hasta tres) que dependen de otro trabajador independiente sin vínculo contractual-. También mantiene la posibilidad de sustituir, en convenio colectivo, el régimen indemnizatorio por un Fondo de Cese.

En la medida en que esto se combine con un contexto de estabilidad macroeconómica y un contexto favorable a la inversión, estarán dadas las condiciones para transitar el sendero de crecimiento del empleo.